El Gobierno de Canarias ha expresado su satisfacción tras la reciente aprobación por parte del Parlamento Europeo de una medida que promete simplificar los requisitos ambientales para las explotaciones agrícolas en el archipiélago. Dicha propuesta, impulsada por la Comisión Europea, busca facilitar el acceso a la financiación de la Política Agraria Común (PAC), lo que es positivo para el sector primario de la región.

Eduardo García Cabello, viceconsejero del Sector Primario, destacó el impacto favorable que tendría esta medida, especialmente para las pequeñas explotaciones, que predominan en las islas. Según García Cabello, muchas de estas tierras no superan las diez hectáreas, y en varios casos son incluso menores a una hectárea. Esta nueva normativa viene a aliviar la carga que pesaba sobre estos pequeños agricultores, dando un respiro administrativo en un entorno que muchas veces se considera complicado y burocrático.

El viceconsejero subrayó la importancia de la simplificación regulatoria, que podría beneficiar a los agricultores y ganaderos al reducir las exigencias de cumplimiento normativo. Además, esta iniciativa incluye importantes cambios en las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), que los agricultores deben observar, lo que refleja un esfuerzo por adecuar la normativa a la realidad del campo canario.

El Parlamento Europeo, que votó mayoritariamente a favor de esta propuesta, busca también dar más margen a los agricultores para que puedan cumplir con las exigencias de la política agrícola común. La medida, que fue aprobada con 492 votos a favor, pretende aliviar el peso burocrático que a menudo retrasa y complica la gestión agrícola.

El nuevo marco, conocido como ‘Ómnibus III’, representa una oportunidad significativa para la agricultura ecológica, pues permitirá que las explotaciones certificadas sean reconocidas automáticamente como cumplidoras de ciertos requisitos ambientales. Sin embargo, se rechazó una propuesta de pago directo para agricultores afectados por desastres naturales, aunque se acordó establecer un nuevo pago de crisis procedente de fondos de desarrollo rural de la UE.

Los eurodiputados han instado a que esta ayuda de crisis sea obligatoria para todos los Estados miembros y han solicitado que se reduzca el umbral de pérdidas necesarias para acceder a fondos nacionales. Esto es un claro intento de revisar y ajustar las condiciones para la asistencia financiera a los agricultores, facilitando su acceso en tiempos de dificultades.

El Parlamento también ha mostrado un fuerte compromiso con los pequeños agricultores, proponiendo un aumento significativo en los pagos anuales. Además, han abogado por la creación de un nuevo pago único para fomentar el desarrollo empresarial en este sector, lo que podría ser un gran impulso para la economía rural.

Asimismo, se han aprobado enmiendas para reforzar la posición contractual de los agricultores, buscando asegurar un marco más justo y transparente en las relaciones comerciales, lo que podría contribuir a estabilizar sus ingresos ante un mercado volátil.

Con la aprobación de estos cambios, el Parlamento está listo para iniciar negociaciones con los gobiernos de la UE para definir los detalles finales de esta normativa. Este proceso es crucial para el futuro del sector agrícola canario y europeo, un paso que busca adaptarse y responder a las necesidades de un sector en constante evolución.