En Las Palmas de Gran Canaria, el 22 de octubre, la directora general de la Asociación Canaria de Industriales del Tabaco (ACIT), Yaiza Castilla, ha expresado serias inquietudes sobre el impacto que la próxima normativa europea tendrá en las Islas, especialmente en lo que respecta a las exportaciones de tabaco, en caso de que se adopten las medidas propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante las negociaciones fijadas para noviembre.

Castilla, en declaraciones a Europa Press, mostró su preocupación ante los posibles acuerdos que se discutirán durante la Conferencia de las Partes sobre el control del tabaco, conocida como COP11, que se llevará a cabo en Ginebra el próximo mes. “El impacto podría ser considerable”, comentó, enfatizando la gravedad de la situación.

La directora también subrayó la falta de transparencia en todo este proceso y recordó que el tabaco representa la principal exportación de Canarias, superando a otros productos clave como el plátano, con ingresos proyectados de 258 millones de euros para el año 2024. Castilla advirtió que las propuestas que circular en torno a la regulación podría tener importantes consecuencias para la cadena de valor de la industria local.

Si bien reconoció que podrían no implementarse todas las disposiciones al pie de la letra, enfatizó que las tendencias resaltadas en las negociaciones podrían dar forma al futuro del sector. Además, opinó que sería prudente incluir a un representante del Ministerio de Industria en el equipo que España enviará a la COP11 para así considerar el impacto socioeconómico que tendrían estas iniciativas.

Entre las iniciativas destacadas por la OMS se encuentran la reducción de los puntos de venta, limitaciones en la compra de productos de tabaco para quienes nacen después de una fecha aún no especificada, y la eliminación de filtros en los cigarrillos, argumentos que la OMS sostiene bajo la premisa de cuidar el medio ambiente y educar a los fumadores sobre los riesgos asociados.

De ser aprobadas estas medidas, su implementación en la legislación española probablemente no sería rápida; sin embargo, es previsible que el espíritu de estas regulaciones se incluya en futuras directivas europeas que deberán ser adoptadas por los Estados miembros.

Los industriales tabacaleros de Canarias también se han alineado con las preocupaciones manifestadas por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), que expresa alarma ante lo que consideran propuestas desmesuradas por parte de la OMS. De igual manera, la Asociación Española de Puntos de Venta con Recargo (Aepvr) considera que la disminución de puntos de venta podría llevar a un aumento del mercado ilegal, afectando negativamente los ingresos fiscales y permitiendo que los fumadores accedan a productos sin control alguno.

La dirección de ACIT destacó que la industria tabacalera está en un proceso de adaptación hacia productos menos dañinos, a pesar de un entorno en constante cambio caracterizado por nuevas regulaciones que pueden obstaculizar estos esfuerzos.

Castilla reafirmó que el sector ha invertido 176 millones de euros en Canarias y que de mantenerse las condiciones actuales, estas inversiones continuarán. Señaló que el sector tabacalero se distingue por su estabilidad laboral, con una productividad significativamente superior, mostrando cifras de 284,000 euros por trabajador en 2023, en comparación con los 59,000 euros de la media nacional.

Finalmente, la recaudación fiscal en Canarias alcanzó los 284 millones de euros este año, con un Valor Añadido Bruto de 520 millones. Castilla concluyó subrayando que este sector no solo genera riqueza, sino que también está interconectado con la industria turística, lo que implica que cualquier cambio regulatorio podría repercutir negativamente en este ámbito también.