En una reciente manifestación de preocupaciones sobre la transparencia en los procesos de selección, el Colectivo de Aspirantes Afectados por la oposición al Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha interpuesto un reclamo formal ante la Consejería canaria de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Este colectivo sostiene que el concurso, convocado el 9 de noviembre de 2023, presenta serios defectos de nulidad y requiere una revisión completa.

Los aspirantes solicitan la anulación total del proceso selectivo y la realización de nuevas pruebas con un tribunal completamente imparcial. Alegan que desde sus inicios, el procedimiento se ha visto afectado por irregularidades que comprometen su validez.

En su comunicado oficial, el colectivo resalta una “vulneración flagrante” del deber de abstención que debería regir las acciones del presidente del tribunal. Denuncian un “acumulado de graves irregularidades” que han comprometido el anonimato de los candidatos y la integridad de la gestión de los exámenes.

El foco de la crítica recae específicamente sobre el presidente del Tribunal Calificador, Ángel Nichel Acosta Hernández, quien supuestamente no cumplió con su deber de abstenerse de participar en el proceso. Los demandantes aseguran que las bases de la convocatoria prohíben que un miembro del tribunal haya tenido lazos con centros de preparación de opositores durante los cinco años anteriores a la convocatoria.

Los aspirantes afirman tener pruebas contundentes que demuestran que Acosta Hernández efectivamente estuvo vinculado a una academia de formación de opositores, ya sea de forma directa o a través de su cónyuge, y que incluso publicó un material de estudio específico para el CGPC en 2020, en pleno período de prohibición.

Estos hechos, según los recurrentes, ponen de manifiesto una clara violación de la ley desde el inicio del proceso, puesto que se espera que la persona encargada de garantizar la imparcialidad no esté conectada con la preparación de los aspirantes.

Además, el colectivo señala un “caos procedimental” derivado de la falta de atención a las normas de anonimato y otras serias deficiencias que demuestran una ausencia total de rigor en las garantías del proceso, como la desestimación genérica de impugnaciones por parte del tribunal.

Concretamente, afirman que el tribunal rechazó substantivas alegaciones legales relacionadas con cerca de quince preguntas del examen tipo test mediante un escrito que no presenta una motivación concreta para cada caso. También se han encontrado inconsistencias en las fechas, ya que la resolución oficial de las notas, firmada el 28 de agosto, indica que las notificaciones sobre el rechazo de dichas alegaciones ocurrieron los días 26 y 27 de agosto, lo cual resulta materialmente imposible.

Los aspirantes también han expuesto que se han detectado códigos de examen duplicados, con el mismo código apareciendo en distintas aulas, pero con puntuaciones completamente diferentes. Por ejemplo, el Código 5333 se ha registrado por un lado en el Aula 1 con una calificación de 4,250 y en el Aula 4 con un 1,300.

Adicionalmente, se han identificado códigos que fueron alterados manualmente, lo que compromete el anonimato de los aspirantes. En el acto público de apertura de los sobres, se hicieron evidentes irregularidades que plantean inquietudes sobre la desaparición de exámenes y la existencia de códigos coincidentes, lo que socava la trazabilidad requerida para asegurar la integridad del proceso.

En virtud de todas estas irregularidades, los aspirantes han solicitado oficialmente a la consejería que declare la nulidad de todas las actuaciones del tribunal y, en consecuencia, ordene el reinicio del proceso desde su punto de partida, nombrando un nuevo Tribunal Calificador que sea imparcial y que garantice la legalidad, transparencia y equidad que esta importante prueba exige.