Las Palmas de Gran Canaria, 20 de octubre. La consejera de Hacienda y Relaciones Europeas, Matilde Asián, ha revelado que el Gobierno de Canarias está elaborando un presupuesto para el año 2026 que proyecta un gasto total de 12.491 millones de euros, mientras busca mantener la deuda pública por debajo del 10% del Producto Interno Bruto (PIB). Asián ha instado al Gobierno de España a adecuar las normativas fiscales a las directrices europeas, que son considerablemente más flexibles que las reglas actuales que afectan a las comunidades autónomas y a las entidades locales.

Estas declaraciones se realizaron el lunes tras el Consejo Asesor del Presidente, en el que se debatió la propuesta de presupuesto para la Comunidad Autónoma correspondiente a 2026. En la reunión participaron líderes empresariales y sindicales, incluyendo al presidente de la CEOE, Pedro Alfonso Martín, y al presidente de CCE, Pedro Ortega, entre otros representantes de UGT y CCOO.

Por parte del Gobierno de Canarias, el presidente Fernando Clavijo, el vicepresidente Manuel Domínguez, y varios consejeros como Jéssica de León y Candelaria Delgado, también estuvieron presentes. Asián subrayó que los presupuestos del próximo año están condicionados tanto por la normativa estatal como por la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En su intervención, la consejera enfatizó la necesidad de cumplir con la disciplina fiscal, pero criticó la falta de acción por parte del Gobierno central al no haber establecido aún una senda de consolidación fiscal. Esto se convierte en un obstáculo para la formulación de unos presupuestos que, según la normativa, deberán mostrar un superávit del 0,1% del PIB.

Adicionalmente, Asián observó que el Estado tampoco ha definido las tasas de crecimiento del PIB, lo cual ha forzado al Gobierno canario a establecer un crecimiento proyectado del 3,3%. Esta estrategia fue criticada por la consejera, quien afirmó que dichas estimaciones, fijadas en 2023, no reflejan la realidad económica actual del archipiélago y son un “inconveniente significativo” para el potencial aumento del gasto social.

Los efectos del estancamiento económico en Canarias son más pronunciados debido a la dependencia del turismo, lo que significa que el archipiélago sufre más cuando hay descensos en este sector. A pesar de ello, la consejera determinó que el gasto financiero se ha establecido en 12.491 millones de euros y que la deuda pública se mantendrá por debajo del 10% del PIB. Asián concluyó con una solicitud al Estado para que adapte sus normas fiscales a las más flexibles y adecuadas a la realidad comunitaria europea.