SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 de octubre. La Fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha abordado hoy la controversia en torno a la inmigración y la criminalidad, enfatizando que no se puede establecer una relación directa entre ambos fenómenos. Durante su intervención en una comisión parlamentaria, subrayó la necesidad de un enfoque riguroso y responsable por parte de las instituciones para evitar caer en interpretaciones erróneas.

En su presentación de la memoria anual 2024, Farnés Martínez aseveró que en la actualidad no existen datos que respalden la asociación de la inmigración con el aumento de la delincuencia. No obstante, también sugirió la posibilidad de realizar investigaciones más exhaustivas sobre las estadísticas relacionadas con la criminalidad en el archipiélago.

Su afirmación se produce en respuesta a las recientes declaraciones del presidente de la Asociación Una Policía para el Siglo XXI, Samuel Vázquez, quien acusó a la Fiscalía de manipular cifras para oscurecer la realidad de que la inmigración irregular está correlacionada con el aumento de ciertos delitos violentos.

Farnés Martínez admitió un notable aumento del 200% en los casos de agresiones sexuales en Canarias entre 2017 y 2024, un fenómeno que coincide con tendencias similares en otras comunidades. Este incremento, indicó, se debe a un cambio en la manera de registrar esos delitos, ya que desde 2022 se ha unificado la forma de contabilizarlos.

La fiscal explicó que antes de esta unificación, las estadísticas diferían ampliamente en la forma de categorizar las agresiones sexuales, lo que ahora permite una observación más clara del aumento. Sin embargo, también señaló que no se puede identificar de manera precisa cuántos de estos delitos son perpetrados por inmigrantes irregulares.

Además, destacó que gran parte de la inmigración irregular en las Islas consiste en menores no acompañados, mientras que los adultos generalmente son trasladados a la Península en un corto plazo.

En su intervención, Farnés Martínez manifestó su apoyo a la gestión del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, al tiempo que expresó su confianza en que las cuestiones legales en curso se resolverán de manera favorable. También abogó por un aumento en las inspecciones de los centros de acogida para menores migrantes, indicando que a menudo no se cumplen las obligaciones legales de realizar estas revisiones cada seis meses.

A pesar de estas dificultades, la fiscal reveló que en Santa Cruz de Tenerife se han iniciado 15 expedientes de investigación por delitos ocurridos en y fuera de los centros de menores, siendo las amenazas y agresiones, incluidas algunas de carácter sexual, las infracciones más comunes.

Respecto a la llegada de inmigrantes, enfatizó que las cifras han disminuido en 2025, con una notable reducción en las llegadas a las costas canarias en comparación con el año anterior.

En el contexto de la memoria, señaló que el año pasado se iniciaron más de 165.000 procedimientos penales, destacando que los homicidios y delitos contra el patrimonio han disminuido, aunque alertó sobre un notable ascenso en los delitos sexuales contra menores de 16 años, atribuibles a situaciones de consentimiento entre jóvenes.

La fiscal también se refirió a los esfuerzos de la Fiscalía para desarticular redes de tráfico de personas, enfatizando la importancia de garantizar que los migrantes no sean víctimas de engaños y que se realicen pruebas de determinación de edad de manera más eficaz.

Finalmente, la memoria citó la lentitud en la implementación de programas de prevención del acoso escolar y el creciente número de menores que quedan desamparados debido a la crisis económica. También hizo hincapié en la situación de 600 pacientes que, tras ser dados de alta médica, aún permanecen en los hospitales, instando a las autoridades a encontrar soluciones. Reiteró la necesidad de un palacio de justicia en Santa Cruz de Tenerife que cumpla con los estándares adecuados, dado que las instalaciones actuales son insuficientes para la carga de trabajo.