El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha tomado la decisión de suspender el protocolo de atención a menores migrantes no acompañados en Canarias, en respuesta a la solicitud de medidas cautelares presentada por la Fiscalía Superior de Canarias por la presunta violación de derechos.

Esta medida, anunciada este viernes, otorga al Gobierno regional un plazo de tres días para presentar sus argumentos y reconoce la urgencia de la solicitud de la Fiscalía.

La Sala destaca que no es el momento adecuado para evaluar la legalidad del protocolo elaborado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, sino que solo se trata de una medida temporal en caso de urgencia.

El TSJC señala que el nuevo protocolo introduce cambios significativos en el régimen jurídico actual y pone en riesgo la entrega de los menores a las autoridades autonómicas, a pesar de la justificación del Gobierno regional de que se realiza en beneficio de los menores.

Entre las nuevas condiciones detalladas se incluye la comunicación previa para disponer de plazas de acogida, la fijación de lugar de entrega y recepción, la intervención de funcionarios públicos, la documentación del menor en el momento de la recepción, y la verificación de la identidad del menor no acompañado.

Por lo tanto, el TSJC argumenta que ante esta "importante alteración" del marco normativo actual, es recomendable mantener el sistema utilizado hasta ahora.

La Sala hace hincapié en la importancia de ser cautelosos al implementar medidas que afecten a un colectivo tan vulnerable como el de los menores, y destaca la necesidad de promover la colaboración institucional para abordar de manera adecuada el fenómeno de la inmigración irregular en Canarias.