En Santa Cruz de Tenerife, el 12 de julio, se llevó a cabo una importante reunión entre la Diputada del Común, Lola Padrón, y varios miembros de la Plataforma de Médicos de Familia y Pediatras de Atención Primaria de Canarias. Los representantes del sector salud solicitaron apoyo ante lo que califican como un "maltrato institucional" proveniente del Servicio Canario de Salud (SCS).

La portavoz de la plataforma, Vanessa Díaz, quien participó en la reunión de forma virtual, expuso que la situación actual es crítica, destacando no solo la sobrecarga asistencial que consideran "inasumible", sino también la falta crónica de recursos tanto humanos como materiales, la excesiva burocracia y la falta de reconocimiento hacia su trabajo profesional.

Díaz también subrayó el impacto negativo que tiene el "maltrato institucional" sobre la moral y el bienestar de los profesionales de la salud. Expresó que el trato indiferente hacia sus derechos laborales y humanos está repercutiendo en su salud física y mental. Además, algunos médicos están sufriendo aislamiento en su ambiente laboral, lo que ha creado un clima perjudicial en los lugares de trabajo.

Ante estas preocupaciones, Lola Padrón escuchó atentamente a los representantes y reconoció que es fundamental garantizar el respeto al derecho a la carrera administrativa, lo que permitiría la movilidad de los profesionales. Padrón hizo hincapié en la necesidad urgente de convocar un concurso de traslados que ha estado paralizado por 17 años en la comunidad.

La situación actual, según Díaz, representa un perjuicio considerable para los médicos. Explicó que la falta de un concurso de traslados equivale a un "daño indirecto", donde profesionales que no han superado la OPE de 2007 podrían acceder a mejores posiciones que aquellos que sí lo hicieron, debido a que se están reservando los mejores puestos sin ofrecer oportunidades a los trabajadores que llevan años en la institución.

Díaz también mencionó otro aspecto preocupante: el "daño directo y gravísimo" que se provocaría si los médicos se ven obligados a abandonar sus puestos actuales por razones administrativas, lo que significaría un regreso a sus aplicados iniciales, muchas veces en otras islas, creando un enorme impacto emocional y económico en sus vidas.

Finalmente, la plataforma solicitó a la Diputada del Común que considere llevar al Defensor del Pueblo la posible inconstitucionalidad de una reciente modificación en el artículo 77.4 de la Ley 7/1985 de Ordenación Sanitaria de Canarias, lo que añade un nuevo elemento a los desafíos que enfrenta el sistema de salud en la región.