SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 de noviembre. El Grupo Socialista del Parlamento de Canarias ha hecho público el lanzamiento de una Proposición No de Ley que exige al Gobierno de Canarias la instauración de líneas de ayuda adicionales. Estas ayudas estarán dirigidas a los propietarios de terrenos afectados por la erupción del volcán, y que posteriormente han sido expropiados con el fin de llevar a cabo la construcción de infraestructuras como carreteras y caminos esenciales en el proceso de reconstrucción de la zona.

La diputada socialista, Alicia Vanoostende, quien representa a la isla de La Palma, ha subrayado la relevancia de las obras ejecutadas para restaurar las comunicaciones en el Valle de Aridane. Entre estas obras se incluyen la carretera que conecta La Laguna con Las Norias, realizada por el Cabildo de La Palma, así como la carretera de la Costa, que cuenta con financiación del Gobierno español.

“Es necesario destacar que todas estas obras, aunque son vitales para la recuperación del Valle de Aridane, pueden afectar a propiedades privadas debido a sus nuevos trazados”, manifestó Vanoostende, refiriéndose a las inevitables complicaciones que surgen en estos trabajos de reconstrucción.

La diputada hizo mención a la ley de expropiación forzosa que data del año 1954. Esta legislación establece que la Administración a cargo de las obras debe llevar a cabo la expropiación y también compensar a los propietarios cuyos terrenos son afectados. Sin embargo, según Vanoostende, esta normativa, que lleva activa más de siete décadas, ha creado una disparidad en las indemnizaciones. “Los propietarios de terrenos sepultados por la lava del volcán y aquellos que poseen parcelas no afectadas están recibiendo compensaciones muy diferentes”, aclaró.

Como ejemplo de esta desigualdad, Vanoostende señaló que para la carretera de la Costa, los propietarios de fincas de plataneras cubiertas por la lava reciben aproximadamente la mitad de la indemnización que aquellos con fincas no afectadas por el volcán. “Es absolutamente desproporcionado que quienes ya enfrentaron las devastadoras consecuencias de la erupción volcánica, ahora también sean perjudicados en las compensaciones, convirtiéndose de este modo en víctimas dobles”, añadió con visible indignación.

Para evitar que esta injusticia se perpetúe, Vanoostende abogó por que el Gobierno de Canarias introduzca ayudas específicas que puedan equilibrar las diferencias en los montos otorgados por las expropiaciones. Esta medida, a su juicio, es crucial para garantizar que los afectados reciban un trato equitativo.

Finalmente, la diputada recordó que el Gobierno de Canarias cuenta con un presupuesto anual de aproximadamente 150 millones de euros, de los cuales 100 millones provienen del Gobierno central, destinados a cubrir los costos asociados con la recuperación de La Palma tras la erupción. Además, subrayó que es responsabilidad del Gobierno regional indemnizar los daños ocasionados por el volcán en viviendas, explotaciones agrícolas, comercios y otros sectores.