En la provincia de Las Palmas, la contratación de empleados sin el debido cumplimiento de la normativa laboral está recibiendo un escrutinio riguroso por parte de las autoridades. La Inspección de Trabajo impone sanciones que pueden superar los 10.000 euros por cada infracción detectada, pero en algunos casos el asunto puede escalar a un delito penal, lo que activa la participación de la Policía Nacional en la investigación.

Durante el presente año, se han llevado a cabo varias detenciones en Las Palmas, alcanzando una veintena de arrestos relacionados con la contratación irregular de personal. Según fuentes de Europa Press, la mayoría de estos incidentes han tenido lugar en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, donde el problema parece estar más arraigado.

La Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales ha señalado que estos casos se han incrementado notablemente en las islas menores, siendo el foco de atención por el aumento de este tipo de actividades ilegales. En contraste, Gran Canaria ha visto un mayor cumplimiento de la ley gracias a las numerosas inspecciones ejecutadas en colaboración con la Inspección de Trabajo.

Las estadísticas apuntan que, hasta el momento, aproximadamente 75 trabajadores en situación irregular han sido identificados en la provincia, siendo 46 en Fuerteventura, 26 en Lanzarote y entre dos y tres en Gran Canaria. No obstante, el número de inspecciones ha ido en aumento, con 452 realizadas el año pasado, en respuesta al crecimiento de la inmigración irregular.

Un factor que agrava esta situación es el hecho de que los extranjeros que entran al país sin los permisos correspondientes deben esperar al menos dos años para obtener autorización laboral, salvo que sean solicitantes de asilo, en cuyo caso pueden conseguirla en seis meses. Esta restricción contribuye a la proliferación de la contratación irregular.

Las empresas que contratan a personas sin la debida legalidad se benefician económicamente al evadir el pago de las contribuciones a la Seguridad Social. La UCRIF detalla que esto no solo representa una pérdida para el sistema público, sino que además da lugar a prácticas que atentan contra los derechos básicos de los trabajadores.

Un caso revelador se dio en Puerto del Rosario, donde la Policía Nacional detuvo a cuatro individuos por contratar a empleados sin permiso de trabajo en el sector hotelero, obteniendo ingresos de más de 1,5 millones de euros anuales a través de esta actividad ilícita.

Las sanciones por estas irregularidades pueden oscilar entre 10.001 y 100.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Hay criterios que hacen que ciertos comportamientos puedan tipificarse como delitos contra los derechos laborales, especialmente si se considera la proporción de trabajadores irregulares en relación con el total de empleados de la empresa.

Ante esta problemática, quienes se dedican a actividades laborales irregulares también enfrentan sanciones que van desde multas de 501 a 10.000 euros, o incluso la posibilidad de ser expulsados del país. Este fenómeno afecta particularmente a extranjeros con baja formación académica, muchos de los cuales provienen de Sudamérica.

El sector de la limpieza y las tareas domésticas son especialmente afectados por la contratación irregular de mujeres, así como otros sectores como la construcción, la hostelería y los servicios en general. Este retrato de la realidad laboral pone de relieve la urgencia de abordar el problema de la inmigración irregular y su impacto en el mercado de trabajo local.