En los últimos diez años, el costo de arrendar una vivienda en Canarias ha experimentado un asombroso crecimiento del 68,1%, muy por encima del aumento del 31,4% en el gasto hipotecario. Esta diferencia resalta una tendencia preocupante en la accesibilidad de la vivienda en el archipiélago.

En el contexto actual, Canarias enfrenta una alarmante tasa de pobreza del 24,6% en 2024, lo que se traduce en más de 550.000 personas afectadas. Sin embargo, esta cifra ha mostrado una leve disminución desde 2015, cuando el porcentaje se elevaba al 30,7%. Así lo señala el capítulo 'Pobreza y Territorio' del XV Informe 'El Estado de la Pobreza en España', publicado por EAPN-ES.

Los datos también revelan que la pobreza infantil en Canarias alcanza el 36,4%, mientras que la pobreza severa afecta al 10,1% de la población, incrementándose levemente en comparación con el año anterior. Para considerar a alguien en situación de pobreza, se establece un umbral de ingresos anuales de 10.519 euros.

El informe destaca que un 10,8% de los habitantes de las islas enfrenta carencias materiales severas. Además, el 17,7% ha experimentado retrasos en el pago de facturas, el 45,4% no puede permitirse unas vacaciones anuales, y el 48,9% no tiene la capacidad de cubrir gastos inesperados. Estos y otros indicadores reflejan la difícil situación económica que padecen muchos canarios.

La renta media en Canarias asciende a 13.372 euros al año por persona, mostrando un incremento del 9,8% respecto al año anterior. No obstante, este aumento debe ser contextualizado, ya que el informe advierte que no representa un verdadero avance en el poder adquisitivo, a causa del constante aumento de precios en diversos sectores.

EAPN-ES ha urgido a las autoridades a mejorar las prestaciones y ayudas para enfrentar las desigualdades territoriales que han ampliado la brecha entre el norte y el sur del país. En comparación, la pobreza en Asturias se sitúa en un 15,6%, mientras que en otras comunidades como Murcia alcanza el 26%.

A pesar de los aumentos en el Producto Interior Bruto (PIB) de las diferentes comunidades autónomas, estos no se traducen en una disminución efectiva de las cifras de pobreza. El informe resalta que la geografía juega un papel crucial en la desigualdad, que se refleja de forma estructural en varios indicadores de pobreza.

La investigación expone que el riesgo de pobreza y exclusión social (tasa AROPE) ha disminuido levemente, del 26,5% al 25,8% en el último año, lo que representa alrededor de 12,5 millones de personas. Aunque esta baja es significativa y atribuye el cambio a la implementación de políticas sociales, se mantiene un preocupante estancamiento por encima del 25% a lo largo de los últimos años.

Las variaciones en las tasas de pobreza son notables entre regiones, donde algunas duplican la media nacional. Comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura tienen altos índices de población en riesgo, mientras que otras, como Navarra y Comunitat Valenciana, están experimentando un deterioro sostenido en sus cifras.

Aunque se reconocen avances debido a políticas sociales en respuesta a crisis pasadas, estos esfuerzos no son suficientes para proteger a quienes habitan en las situaciones más precarias. Un dato inquietante revela que un 8% de la población sobrevive con menos de 644 euros al mes.

En condiciones comparativas, las regiones con mejores indicadores, como Euskadi y Navarra, presentan desafíos significativos, con más del 45% de quienes están en riesgo de pobreza viviendo con rentas extremadamente bajas.

La EAPN-ES advierte que la pobreza en España es un problema estructural y que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para mitigar la desigualdad. Es crucial fortalecer la inversión social y promover políticas fiscales más justas que fomenten la cohesión social y territorial.

El informe subraya que, si bien es positivo el aumento del PIB y del empleo, estas métricas no se correlacionan directamente con una mejora en la pobreza en regiones como Canarias y Comunitat Valenciana.

Tomando como referencia Madrid, donde la renta media es una de las más altas del país (17.275 euros), la desigualdad es notable, ya que el 20% más adinerado percibe 5,5 veces más que el 20% más pobre. Esta situación evidencia la necesidad de una redistribución equitativa de la riqueza y una mejora en el mercado laboral.

El análisis también evalúa el impacto de las políticas públicas en la protección del Estado. En 2024, las ayudas sociales, incluidas las pensiones, han logrado prevenir que 11,1 millones de personas caigan en la pobreza. Sin embargo, la efectividad de estas transferencias es desigual y depende en gran medida de la inversión social realizada por cada comunidad.

El informe concluye que, sin el soporte de ayudas sociales, las tasas de pobreza en regiones como Asturias, Murcia y Canarias serían alarmantemente altas, alcanzando entre el 47% y el 48%. El contraste final es evidente: mientras Asturias presenta un 15,6% de pobreza, las cifras para Murcia y Canarias son bastante más elevadas, reflejando desigualdades persistentes en el país.

Finalmente, con respecto a la vivienda, el informe muestra que el aumento de los precios de los alquileres es particularmente alarmante, con un incremento del 39,3% en toda España entre 2014 y 2024, casi el doble que el aumento en los pagos hipotecarios, que fue del 20,1%, alcanzando un 31,4% en Canarias. Esto coloca a las Islas en un lugar crítico en términos de accesibilidad a la vivienda en un escenario ya complicado.