El Gobierno ha decidido conceder un nuevo plazo de diez días a las comunidades autónomas para que actualicen la información referente a su capacidad de acogida, con el objetivo de determinar cómo se distribuirán los menores migrantes no acompañados en el territorio nacional.

Este anuncio se produce en el contexto de la reciente convalidación en el Congreso del real decreto-ley que regula el reparto de estos menores. El encuentro extraordinario de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrado este lunes, dejó a representantes del Gobierno de Canarias con una sensación de retroceso, especialmente ante la posibilidad de que se convoquen sesiones ordinarias próximamente.

Durante casi cuatro horas, el Gobierno y los líderes autonómicos discutieron sobre el polémico decreto, que ha suscitado intensas críticas por parte de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Estos dirigentes reconocieron que los criterios establecidos por el Ejecutivo son considerados “arbitrarios y coercitivos”.

Cabe destacar que, aunque el decreto se mantenga sin cambios, existe la posibilidad de que sea revisado si todas las comunidades autónomas logran un acuerdo unánime para su modificación.

Desde el Partido Popular, se ha criticado que en la Conferencia no se ofreció la oportunidad de votar sobre el real decreto, lo que consideraron una falta de democracia en el proceso.

Contrastando estas afirmaciones, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió la legalidad del real decreto, indicando que ya fue ratificado por el Congreso, y reprochó al PP que no se pudiera votar si no presentaron ninguna alternativa concreta para su modificación.

Rego subrayó que la ausencia de propuestas por parte del Partido Popular ha conducido a un debate poco productivo, enfocándose más en la oposición que en la búsqueda de soluciones a la actual crisis humanitaria que afecta a Canarias y Ceuta.

En un intento por avanzar, la ministra anunció que se emitirá una solicitud formal a las comunidades para que actualicen sus cifras de capacidad de acogida en un plazo de diez días, esencial para establecer cómo se organizará la acogida de los menores en cada región.

A pesar de matices de tensión en las negociaciones, Rego enfatizó la necesidad de mantener un trabajo colaborativo con las autonomías, recordando que el decreto permite modificaciones por consenso, lo que podría facilitar una mejor coordinación en el futuro.