En un desarrollo reciente en Las Palmas de Gran Canaria, la Ejecutiva insular de Coalición Canaria (CC) ha decidido tomar medidas drásticas tras un acuerdo controversial suscrito por dos de sus concejales en el Ayuntamiento de Firgas. Este acuerdo fue realizado en conjunto con otros partidos que forman el gobierno municipal, y ha llevado a la dirección del partido a solicitar al Comité Ejecutivo Nacional que se inicie un proceso disciplinario en su contra.

El partido nacionalista considera que la firma de este acuerdo fue "unilateral" y podría constituir una violación de las normas establecidas. La coordinadora general de CC Gran Canaria, María Fernández, dejó claro que la dirección del partido desconocía completamente estas acciones de sus concejales, quienes se presentaron como “cargos públicos” al firmar el documento.

Fernández se mostró contundente al calificar este tipo de actuaciones como "absolutamente inadmisibles", argumentando que son contrarias a los valores fundamentales de la organización. Destacó que este comportamiento no solo transgrede el código ético del partido, que demanda integridad y responsabilidad, sino que también pone en peligro la confianza depositada por los ciudadanos en sus representantes.

La líder de CC Gran Canaria expresó su preocupación, indicando que "la firma de acuerdos privados que priorizan intereses personales sobre los compromisos públicos pone en riesgo no sólo la credibilidad del concejal, sino que atenta contra los principios democráticos y el servicio que deberían ofrecer a la comunidad".

Además, Fernández reafirmó la postura del partido, indicando que se distancian completamente de este tipo de acciones, que no tienen precedentes en la historia de CC en el Archipiélago. Anunció que se tomarán las medidas disciplinarias adecuadas y las sanciones pertinentes, enfatizando que todos los representantes públicos deben actuar en función del bien común.

Por último, el partido ha solicitado a su Ejecutiva Nacional que se adopten medidas cautelares mientras se lleva a cabo el proceso de revisión de esta situación, buscando garantizar el adecuado manejo de la crisis y la defensa de sus principios fundamentales.