En una reciente sesión del Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife, se aprobó la implementacion de un nuevo recargo conocido como el 'céntimo forestal'. Este impuesto añadirá hasta dos céntimos por litro a los precios de la gasolina y el gasóleo, con una entrada en vigor prevista para el último trimestre del presente año.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, comunicó los detalles de esta iniciativa durante una rueda de prensa. El recargo, que será ratificado en un próximo Pleno, tiene como destino finalista la financiación de tareas de vigilancia en los montes, la restauración de áreas afectadas y el combate contra la desertificación en la isla.

Dávila destacó que los transportistas profesionales, tanto de mercancías como de pasajeros, estarán exentos de esta tarifa adicional. La razón detrás de esta política es desincentivar el uso del vehículo privado, ya que Tenerife presenta uno de los índices de motorización más elevados a nivel global, con más de 800 automóviles por cada 1.000 habitantes.

La iniciativa, que forma parte de los presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2025 y que también se implementará en Gran Canaria, constituye un esfuerzo del Cabildo por llevar a cabo un “cambio de modelo” que promueva una movilidad más sostenible a través del reforzamiento del transporte público.

“Tenerife cuenta con cerca de 1.000 kilómetros cuadrados de área protegida. No es suficiente con simplemente declarar su protección; es necesario actuar de forma efectiva para asegurar que cuenten con los recursos necesarios para su mantenimiento y vigilancia”, subrayó Dávila.

Tanto Dávila, que representa a Coalición Canaria, como el consejero de Cultura, José Carlos Acha del Partido Popular, han insistido en que no se han presentado desacuerdos entre ambos partidos en la aprobación de esta medida. Esta iniciativa fue promovida en el marco de las cuentas regionales por la consejera de Hacienda, Matilde Asián.

“Nadie ha expresado reservas”, enfatizó Dávila, destacando la confianza en que esta política contribuya a abordar el problema del elevado número de vehículos en la isla, caracterizándola como una herramienta orientada hacia el medio ambiente y no como un mecanismo recaudatorio. “Todo el grupo de gobierno ha apoyado esta decisión”, concluyó.