El Gobierno ha establecido un plazo hasta el 31 de marzo para que las comunidades autónomas informen sobre su capacidad para recibir a menores migrantes no acompañados. Esta iniciativa fue anunciada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde se confirmó la promulgación de un nuevo Real Decreto Ley que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Esta medida, acordada con el partido Junts, ha sido calificada por el ministro como "justa" y "equilibrada".

Torres enfatizó la importancia de esta medida al describirla como un "hito" en la defensa de los derechos humanos y el interés superior del menor. "Es un momento histórico, especialmente para las regiones fronterizas que han estado solicitando ayuda para atender a menores no acompañados durante décadas", aseguró el ministro en su intervención.

La aprobación de este Real Decreto se produce tras un acuerdo logrado con Junts, facilitando su paso en el Parlamento. Este cambio de postura por parte del partido de Carles Puigdemont se dio después de llegar a un pacto con el PSOE sobre la transferencia de competencias en materia de inmigración a Cataluña.

El ministro subrayó que los esfuerzos previos para distribuir a los menores migrantes "no han producido los resultados esperados". En consecuencia, argumentó que la reforma del mencionado artículo es "la opción más adecuada" para abordar eficazmente la situación y garantizar la defensa de los derechos humanos.

Según cifras presentadas por Junts, Cataluña recibiría entre 20 y 30 menores, mientras que a Madrid se le asignarían 700. Torres mencionó que estos números son estimaciones de los representantes de Puigdemont y aclaró que ahora tienen hasta el 31 de marzo para conocer la capacidad de cada comunidad autónoma.

El ministro también especificó que en el Real Decreto "no hay un reparto numérico", sino que se solicita una certificación de capacidad de acogida. Además, instó a las comunidades a aclarar cuántos menores no acompañados pueden recibir, cuestionando las razones humanitarias que podrían justificar una negativa a acoger a estos menores.

A través de esta normativa se añadirá un nuevo artículo que permitirá a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia definir por unanimidad los requisitos necesarios para declarar una situación de contingencia migratoria extraordinaria, así como para establecer un plan de respuesta y sus criterios de aplicación.

Torres detalló que se implementarán criterios basados en diversos indicadores como la población, la renta per cápita y la tasa de desempleo, entre otros. Según estos criterios, la capacidad de acogida de cada comunidad se calculará dividiendo su población total por el número de menores no acompañados atendidos en todo el país.

Para los años siguientes, esta capacidad se evaluará anualmente, exigiendo a las comunidades que envíen datos sobre su atención a menores migrantes antes del 15 de enero de cada año.

Torres reafirmó que todas las comunidades autónomas tendrán igualdad en cuanto a su capacidad habitual, ya que se basará en un criterio de población objetivo.

En otro orden de cosas, el ministro lamentó las declaraciones de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, quien se opuso a acoger menores migrantes, así como las de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien amenazó con llevar el reparto de menores a los tribunales. "Es una pena que realicen tales afirmaciones, les pido que reflexionen en nombre de la población más vulnerable", expresó, añadiendo que hubiera preferido que esta materia se debatiera como una proposición de ley con el apoyo del Partido Popular.

Evaluando el esfuerzo de las comunidades en la acogida de menores, Torres señaló que el País Vasco y Cataluña han sido históricamente de las más hospitalarias, y retó al PP de Alberto Núñez Feijóo a decidir su postura: si se encuentra "atado por Vox" o si es el partido que alguna vez prometió acoger menores.

Respecto al financiamiento de la atención a menores migrantes hasta los 18 años, el ministro aclaró que el decreto asegura la viabilidad financiera mediante un fondo con un crédito adicional de 100 millones de euros para 2025, destinado al Ministerio de Juventud e Infancia.

En relación al registro de menores migrantes no acompañados, explicó que cuando un menor llegue a una comunidad bajo contingencia migratoria, se registrará y deberá ser redistribuido a otras comunidades en un plazo de 15 días.

A pesar de que en julio de 2022 una iniciativa para reformar la Ley de Extranjería no prosperó en el Congreso, esta reforma responde a una demanda de Canarias, que actualmente cuida de más de 5,000 niños y adolescentes.

Fuentes del Gobierno han señalado que el acuerdo con Junts se cerró recientemente, más por adecuación de plazos que por cuestiones de fondo. Finalmente, el ministro concluyó subrayando la dificultad de llegar a este punto y apelando a los grupos parlamentarios a adoptar una postura de Estado, resaltando la importancia de la igualdad y los derechos humanos en este debate.