Las Palmas de Gran Canaria, 15 de julio.

La directora general de Protección a la Infancia y a las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha expresado su gran inquietud respecto a las medidas que está considerando el Gobierno central sobre los menores migrantes no acompañados. Durante una reciente reunión del comité interadministrativo, Rodríguez señaló que la respuesta del Estado a este fenómeno ha generado alarmas en la isla.

La funcionaria destacó que en lugar de garantizar el acceso a la protección internacional que estos menores tienen derecho, el Ejecutivo está priorizando la resolución de sus peticiones a través del Tribunal Supremo, que ha ordenado que estos jóvenes deben ser integrados en la red SAPI (Sistema de acogida de protección internacional y temporal). Esta decisión implicaría que el Estado asuma la responsabilidad de alojamiento en sus centros específicos.

Rodríguez subrayó que, en los últimos dos meses, el Ministerio del Interior ha acelerado notablemente el proceso de resolución de solicitudes, multiplicando por cinco las decisiones emitidas en comparación con años anteriores. Esta situación ha llevado a que algunos menores que solicitaron protección internacional queden excluidos debido a decisiones desfavorables.

Además, la directora general criticó al Ministerio de Inclusión, indicando que su enfoque ha impedido que Canarias avance en la búsqueda de soluciones efectivas. Rodríguez mencionó que se les sugirió recibir recursos económicos y humanos, así como considerar alternativas de alojamiento en las islas, lo cual fue categóricamente rechazado, ya que contradice las directrices del auto del Supremo que pide mejorar las condiciones en los centros de menores.

Rodríguez también recordó que el próximo 22 de julio se prevé la aprobación de una declaración de emergencia que tendría como objetivo habilitar 1,200 nuevas plazas de protección internacional para los menores en las islas. Sin embargo, la funcionaria exigió claridad sobre cuándo y dónde estarán disponibles estas plazas.

En la reunión se abordó la situación de las 400 plazas en Pozuelo. Rodríguez cuestionó cuándo serían trasladados los menores que ya han manifestado su deseo de acceder y avanzar en su proceso migratorio bajo la protección internacional hacia Madrid.

A pesar de la reactivación del proceso, Rodríguez lamentó que todavía no se ha logrado un progreso significativo, ya que están a la espera de información por parte del Estado sobre los primeros 250 menores que están en la red SAPI. La ingeniera administrativa reveló que, hasta la fecha, sólo un número reducido ha logrado acceder a la protección internacional, lo que es preocupante.

Calificó de "decepcionante" la falta de avances tras la reunión, recordando que ya han pasado casi cuatro meses desde el primer auto del Supremo que exigía una intervención rápida por parte del Estado para facilitar el acceso de los menores a la red de protección internacional.

En los aspectos administrativos, destacó que el 27 de junio se registraron 827 accesos y 119 más el 4 de julio, lo que eleva a 946 el número de menores que, a nivel administrativo, están en la red de protección internacional, aunque ninguno ha accedido efectivamente a las plazas ofrecidas.

Por último, al interrogar al Estado sobre el estado de protección internacional que se brinda a estos menores en los centros de acogida de Canarias, Rodríguez lamentó la falta de respuesta, concluyendo que la realidad es que, hasta que no se desplacen a una plaza de protección internacional, simplemente no cuentan con dicha protección.