15 de julio, Las Palmas de Gran Canaria. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha comunicado una decisión importante del Gobierno español: se pedirá al Tribunal Supremo la autorización necesaria para trasladar a menores migrantes no acompañados. Esta acción se llevará a cabo con la intención de asegurar que se respeten todas las garantías legales y se priorice siempre el interés de los menores.

Esta solicitud es necesaria debido al "constante rechazo" por parte de ciertas comunidades autónomas, lo cual ha llevado a las autoridades a considerar esencial contar con el respaldo del Tribunal Supremo. Este respaldo buscará crear un marco legal que proteja los derechos de los menores, tal como ha sido informado por fuentes del Gobierno durante una reunión del Comité Interadministrativo, donde se discutieron las responsabilidades en la acogida de menores en Canarias.

Durante este encuentro, también se ha mencionado que el Gobierno de España tiene la intención de aprobar, en el próximo Consejo de Ministros, una declaración de emergencia que destinará 40 millones de euros a facilitar el traslado de menores que buscan asilo. Además, se planea la creación de 1.200 nuevas plazas en distintas partes de España para mitigar la presión que enfrenta el archipiélago canario.

El Ejecutivo de Canarias, por su parte, ha informado que se ha acreditado una entidad que será la encargada de trabajar con los menores en el Centro Canarias 50, un recurso bajo la jurisdicción del Ministerio de Migraciones. Se espera que las obras de adaptación del centro, que el año pasado estaba destinado a mujeres y familias, estén finalizadas para el próximo 22 de julio. Esto permitirá que las acogidas puedan comenzar de inmediato.

El Gobierno de España asegura que está cumpliendo con el cronograma previamente establecido ante el Tribunal Supremo, comprometiéndose a iniciar los traslados antes de que finalice julio, manteniendo así su palabra y responsabilidad en este delicado asunto.

En este comité interadministrativo participan diversos ministerios del Gobierno de España, entre ellos los de Política Territorial; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Interior; e Infancia y Juventud, que trabajan juntos para abordar esta compleja situación.