María Farnés, Fiscal Superior de Canarias, ha expresado su enfado por la falta de atención a la misma problemática que se repite año tras año: la necesidad de más medios, personal e instalaciones adecuadas en Tenerife y Fuerteventura.

En la presentación de la memoria correspondiente a 2022 ante la comisión parlamentaria de Gobernación, Justicia y Seguridad, Farnés ha destacado la importancia de contar con una estructura estable para hacer frente a la llegada de migrantes al archipiélago y poner fin a los "parches".

Según la Fiscal Superior, la inmigración en Canarias no es algo aislado, sino que ocurre de manera permanente, y considera que resulta incomprensible que se continúe improvisando después de las crisis de los cayucos en 2006, así como en los años 2020 y 2021.

Aunque reconoce que el repunte de septiembre y octubre ha tomado por sorpresa a todos, Farnés sostiene que es necesario que todas las instituciones se organicen para resolver los casos lo más rápido posible.

En este sentido, ha designado a una fiscal delegada autonómica para establecer reuniones de coordinación con la Dirección General del Menor y la Policía Nacional, con el objetivo de agilizar los trámites.

Para hacer frente a esta situación, la Fiscal Superior ha pedido la creación de instalaciones adecuadas y permanentes, y ha insistido en que no se puede esperar a que el problema ocurra de nuevo, ya que continuará sucediendo. Destaca que, con una llegada masiva de migrantes, la Policía Nacional no da abasto y no se pueden investigar casos de trata de personas ni a los responsables de las embarcaciones.

Farnés ha expresado su preocupación por la situación de la migración en el archipiélago, tanto a nivel organizativo como legal y humano. Además, ha advertido sobre la generalización en las solicitudes de asilo, excepto por parte de los migrantes marroquíes, quienes muestran más resistencia a la hora de hacerlo.

En este sentido, ha instado a evaluar la inmigración como un problema global, que requiere más recursos en los hospitales, por ejemplo, para determinar la edad de los presuntos menores. También ha alertado sobre los graves problemas relacionados con la documentación de las personas procedentes de Gambia, la autenticidad de los certificados de nacimiento senegaleses y las tarjetas sanitarias de Malí.

Además, la Fiscal Superior asegura que no hay datos que indiquen un aumento en la comisión de delitos como consecuencia de la llegada de migrantes.

Al igual que en años anteriores, Farnés ha exigido un aumento de personal, así como de las instalaciones. El año pasado se incorporaron dos fiscales nuevos, pero no había suficiente espacio físico para que pudieran trabajar.

Por otro lado, ha demandado la construcción de un Palacio de Justicia en Santa Cruz de Tenerife que esté a la altura del existente en Las Palmas de Gran Canaria. Además, ha destacado la situación crítica en Fuerteventura, donde la Fiscalía presta sus servicios en un garaje sin condiciones adecuadas.

Debido a esta situación, la Fiscalía ha considerado presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Sanidad, pero cree que el problema se está solucionando, ya que se están buscando locales en la capital de la isla. Sin embargo, la construcción del nuevo Palacio de Justicia también está paralizada por cuestiones administrativas.

Situaciones similares se dan en San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, donde dos fiscales tuvieron que trasladar su actividad al Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria por falta de espacio en la sede local.

Farnés ha afirmado: "Pido ayuda para cumplir con los ciudadanos, pero no puedo seguir viniendo cada año a pedir lo mismo". Además, ha resaltado la necesidad de fortalecer las plantillas de los institutos de Medicina Legal y Forense, así como contar con más peritos especializados en Urbanismo y Medio Ambiente.

La Fiscal Superior ha informado que el año pasado se llevaron a cabo casi 145.000 procedimientos, de los cuales un 20% correspondió a la provincia de Las Palmas, lo cual atribuye al sistema de guardias de 24 horas que duplica los registros.

También ha destacado el aumento de sentencias de conformidad (+84,8%) gracias a la actividad de los juzgados de guardia. Además, ha señalado el incremento de juicios por delitos leves, lo que obstaculiza el funcionamiento de los juzgados de primera instancia, razón por la cual considera necesario potenciar la mediación como solución para agilizar los procesos judiciales.

En relación a la ley del "solo sí es sí", ha afirmado que se han revisado más de 300 sentencias, que se han traducido en 28 rebajas de penas y cuatro excarcelaciones.

Otro problema al que Farnés ha hecho referencia es la demora y falta de calidad en los informes psicosociales, lo que deja en una situación de indefinición los regímenes de visitas de personas involucradas en causas judiciales por violencia de género. Según la Fiscal Superior, se necesita un informe para determinar qué tipo de régimen de visitas es adecuado para garantizar el bienestar del menor.

En este sentido, ha subrayado la necesidad de contar con profesionales especializados en psicología y enfermería, que actualmente no están disponibles en la administración de justicia.

En cuanto a la violencia de género, Farnés ha mencionado que el año pasado se llevaron a cabo más de 12.000 procedimientos. Ha señalado que la oficina de víctimas, obligatoria desde 2021, aún no está operativa, y considera fundamental fortalecer la educación entre los jóvenes para prevenir este tipo de situaciones.

La Fiscal Superior hizo mención al caso específico del asesinato de Romina Celeste en Lanzarote, donde el asesino fue puesto en libertad debido a que el periodo de prisión preventiva expiró antes de que se celebrara el juicio. Farnés ha reconocido que el caso era complejo debido a la falta de pruebas y recursos, pero ha destacado que fue un fracaso y que se deben agilizar estos procesos antes de que finalice el periodo de prisión preventiva.

Farnés también ha alertado sobre el aumento de los abandonos de menores, causados por problemas económicos o la falta de vivienda adecuada. Esta situación también contribuye a conductas violentas.

Otras cuestiones abordadas por la Fiscal Superior incluyen la necesidad de contar con instalaciones adecuadas para menores con trastorno del espectro autista, el aumento de la violencia familiar y el acoso escolar a través de las redes sociales, así como el incremento de la ciberdelincuencia y la vulnerabilidad de los ancianos extranjeros que residen en las islas.

Finalmente, la Fiscal ha expresado su preocupación por la calidad de las instalaciones del centro penitenciario Tenerife II, señalando la necesidad de mejorar la limpieza, la calefacción y solucionar los problemas de humedad. También ha destacado la importancia de aumentar las cámaras de vigilancia y cubrir las vacantes existentes, ya que actualmente hay un 25% de déficit en la plantilla, especialmente en el ámbito sanitario, donde se requiere personal para atender a internos con trastornos mentales.