Crónica Canarias.

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El Tribunal de Cuentas exige responsabilidad por contratos sanitarios en Canarias durante la pandemia.

El Tribunal de Cuentas exige responsabilidad por contratos sanitarios en Canarias durante la pandemia.

El lunes, durante la primera sesión de la comisión de investigación del Congreso sobre la contratación de emergencia durante la pandemia, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, confirmó que solicitó responsabilidades contables por los contratos sanitarios en pandemia suscritos en Canarias.

Sin embargo, aclaró que la Audiencia de Cuentas ya había realizado su informe, el cual fue suspendido por orden del fiscal del Tribunal de Cuentas para permitir la recuperación del dinero reclamado, que asciende a unos cuatro millones de euros por unas mascarillas que nunca se recibieron.

"De ese informe se ha solicitado responsabilidad contable. Se está depurando. Está suspendido por el fiscal porque en este momento están ejerciendo acciones para la recuperación del dinero en Canarias. Por eso se ha suspendido la tramitación, hasta saber si se recupera el dinero", explicó Chicano.

El caso fue archivado de forma provisional por el Tribunal de Cuentas en diciembre pasado, reconociendo el perjuicio a las cuentas canarias pero admitiendo los esfuerzos de la Agencia Tributaria Canaria por recuperar los fondos.

Durante la comisión, el PP cuestionó la labor del Tribunal de Cuentas en la vigilancia de los contratos de material anticovid firmados durante la pandemia, llegando a afirmar que la institución se dedicó a "blanquear irregularidades groseras" e incluso a felicitar a los responsables.

El portavoz del PP, José Vicente Marí, expresó sus dudas sobre el desempeño del Tribunal de Cuentas en la primera sesión de la comisión de investigación del Congreso sobre la contratación de emergencia durante la pandemia, luego de escuchar la intervención de Enriqueta Chicano.

Chicano enfatizó que las fiscalizaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas fueron extensas, técnicamente fiables y rigurosas, llevadas a cabo por cientos de servidores públicos, auditores, letrados y funcionarios de diversa índole.

Las Cortes renovaron el Tribunal en 2021, pero el nuevo pleno respaldó el trabajo de sus predecesores y aprobó por unanimidad los siete informes presentados.

Respecto a la contratación de emergencia, los exámenes del Tribunal se centraron en los contratos de 2020, en plena pandemia de coronavirus, donde se firmaron 13,211 contratos de emergencia por un total de 2,129 millones de euros.

Luego de más de 2,600 páginas de análisis, el Tribunal de Cuentas concluyó que, a pesar de algunas deficiencias e irregularidades, en general la tramitación de emergencia fue legal y los precios estaban dentro del comportamiento normal del mercado en ese momento.

Chicano dejó claro que el Tribunal de Cuentas no es un órgano antifraude ni anticorrupción, en respuesta a las críticas del PP sobre el presunto blanqueo de irregularidades.

El PP destacó un borrador de uno de los informes del Tribunal de Cuentas que examinó contratos de Sanidad y Transportes, señalando que un contrato de 32 millones fue declarado inválido por no corresponder a la pandemia, lo que implicaba una irregularidad de 32 millones en los contratos totales de Sanidad.

Chicano defendió el proceso de elaboración del informe y negó que se haya bloqueado el debate, explicando que se retiró de la agenda durante la campaña electoral para evitar informes políticos en ese periodo.

Recordó que la legislación de emergencia permitía contratos verbales que no se utilizaron y que no se requería revisar la solvencia de los contratistas, algo que no es competencia del Tribunal de Cuentas.

En cuanto a las críticas del PP, Chicano señaló que las irregularidades detectadas no ameritaron iniciar un procedimiento de responsabilidad contable por parte de la Abogacía del Estado o la Fiscalía.

Finalmente, Chicano subrayó que si alguien intenta evadir la ley, el Tribunal de Cuentas no es el lugar adecuado y que otras instituciones tienen la capacidad para investigar posibles infracciones.

Tanto Vox como Junts hicieron referencia al pasado político de Chicano, pero ella afirmó que ha sido servidora pública por más de 50 años y conoce su labor en el Tribunal de Cuentas desde finales del siglo pasado.