En un pronunciamiento reciente, el Gobierno de Canarias ha decidido elevar una solicitud formal al Ministerio de Transportes y a Aena para que se consideren las particularidades de las Islas en el contexto de un posible aumento del 6,5% en las tasas aeroportuarias que se prevé para el año 2026.

Esta iniciativa fue presentada por Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, acompañado de María Fernández, directora general de Transportes y Movilidad. Ambos líderes han señalado el potencial "retroceso" y el "impacto negativo" que podría acarrear este incremento para sectores clave como el turismo y la calidad de vida de los canarios.

Rodríguez dejó claro que Aena no debería ser tratada como una entidad ordinaria, dado que más de la mitad de su capital es de propiedad pública. "La conectividad de Canarias es vital; no es un lujo, sino una necesidad que afecta directamente a nuestro día a día, a la economía local y, sobre todo, a nuestro turismo, que es fundamental para el archipiélago", enfatizó.

El consejero recordó cómo los descuentos en las tasas aeroportuarias en el pasado facilitaron la llegada de nuevas aerolíneas a la región. "Este no es un detalle menor, es una estrategia comprobada que mejora nuestra conectividad y fortalece nuestra competitividad", subrayó.

Rodríguez también hizo referencia a disposiciones existentes en el Régimen Económico y Fiscal (REF) y en el Estatuto de Autonomía de Canarias que respaldan medidas compensatorias por la ubicación ultraperiférica del archipiélago, como las bonificaciones en tarifas aeroportuarias. "Un aumento en las tasas sería un paso atrás y nos aislaría aún más", advirtió.

Asimismo, el consejero planteó la necesidad de consultar al Gobierno central sobre si el aumento de las tasas se aplicará de manera uniforme en todos los aeropuertos. Si es así, solicitará que Canarias sea exenta o reciba bonificaciones específicas.

Además, Rodríguez recalcó la importancia de implementar el artículo 161 del Estatuto, que permite al archipiélago participar activamente en la gestión de sus aeropuertos. "Es inaceptable seguir fuera de las decisiones fundamentales que impactan nuestra conectividad y nuestro estilo de vida", afirmó con firmeza.

Por su parte, María Fernández, directora de Transportes y Movilidad, expresó que aún hay tiempo para actuar y defender los intereses de Canarias, ya que el proceso de decisión sigue abierto.

“La decisión final no se hará hasta septiembre, cuando debe ser aprobada por el Consejo de Administración de Aena y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Aún estamos a tiempo de evitar un perjuicio a Canarias, y es fundamental que nuestra insularidad sea considerada en este proceso”, concluyó Fernández.