La situación de los menores migrantes en los llamados "macrocentros" de Canarias ha suscitado serias preocupaciones entre varias organizaciones defensoras de los derechos humanos. En una reciente audiencia en el Parlamento de Canarias, representantes de Amnistía Internacional presentaron un informe revelador sobre las condiciones en las que se encuentran estos jóvenes, criticando la falta de coordinación entre las diversas administraciones y organismos de seguridad.

El informe titulado "A día de hoy no tengo nada. El fracaso del sistema para proteger a los y las menores llegados a Canarias", expone que muchos de estos menores enfrentan violaciones graves de sus derechos humanos, como explotación laboral y sexual. En particular, se ha destacado el alarmante número de niños y niñas que son captados por redes de trata en el archipiélago.

Virginia Álvarez, quien está al frente de la investigación, ha estado monitoreando la situación en Canarias desde que se reabrió la "ruta canaria" en 2021. Según datos de ACNUR, se estima que alrededor del 50% de estos menores requieren protección internacional, lo que resalta su vulnerabilidad al llegar a las costas canarias.

La organización ha documentado múltiples casos de abusos por parte del personal de estos centros y ha señalado que las instalaciones están sobrepobladas, con algunos centros alojando hasta 400 menores en lugar de las 20 plazas que deberían tener. La carencia de evaluaciones personalizadas y el impedimento para ofrecer educación adecuada son solo algunas de las dificultades que enfrentan.

Además de los menores que provienen de regiones en conflicto como Mali o Sudán, muchos otros llegan huyendo de la violencia en Senegal o Marruecos y requieren la misma atención. Álvarez ha enfatizado la necesidad de que se escuchen las voces de estos menores y de que se les brinde toda la información necesaria, incluyendo acceso a asistencia legal gratuita.

La representante de Amnistía también instó a las administraciones locales y nacional a adoptar medidas que no solo respeten sus derechos, sino que aseguren su alojamiento, atención médica y formación, contribuyendo así a su integración en la sociedad española.

Un punto crítico planteado por la organización es el evidente "fallo de responsabilidad compartida" entre el Gobierno central y los gobiernos regionales en la gestión y distribución de estos menores. Amnistía Internacional considera crucial que el Estado asuma su papel, especialmente tras la reciente decisión del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno a hacerse cargo de los solicitantes de asilo.

Álvarez también reconoció que muchos trabajadores en estos centros carecen de la formación necesaria, aunque subrayó que esto no debe ser visto como una excusa. La necesidad de incrementar los programas de formación o realizar más inspecciones –que han sido escasas en los últimos años– se vuelve urgente.

Asimismo, la organización ha alertado sobre el incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia en España, señalando que los menores no cuentan con la confidencialidad necesaria para presentar denuncias y que hay una notable falta de diligencia en las identificaciones.

A pesar de las múltiples disfunciones, Álvarez advirtió que algunos menores están siendo recluidos en centros para adultos, una situación que la Fiscalía ha aceptado sin cuestionar. Este hecho ha provocado una demandada urgente de coordinación entre distintos organismos para garantizar una adecuada documentación y atención a estos menores.

Amnistía Internacional también ha denunciado el uso de la migración infantil como una herramienta política, señalando que ciertos discursos han contribuido a criminalizar a estos jóvenes. Álvarez ha instado a los políticos a moderar su retórica y adoptar un enfoque más empático hacia esta población vulnerable.

Aunque Álvarez reconoce que el sistema actual de acogida en Canarias es insuficiente, expresa su esperanza en mejorar las condiciones mediante un enfoque en estudios individualizados para facilitar la integración. Muchos de los menores, tal como ella indica, están deseando integrarse y aprovechar el tiempo de manera productiva.

Por último, también se abordaron cuestiones de desigualdad racial al comparar el tratamiento recibido por menores de diferentes orígenes, señalando que los menores ucranianos que han llegado a España no han sido objeto de la misma crítica política a pesar de la magnitud de la crisis que enfrentan. Esto suscita interrogantes sobre los prejuicios implicados en la atención a migrantes.

Álvarez concluyó su exposición demandando una mayor transparencia por parte de la Unión Europea en los acuerdos con países africanos y planteando la necesidad de establecer rutas migratorias legales y seguras para evitar que las personas se arriesguen al cruzar el Mediterráneo. La complejidad de este tema requiere un consenso y una revisión seria de los procedimientos actuales, pues asegura que no se pueden seguir cerrando fronteras sin abordar las causas raíz del problema.