La Comandancia de Las Palmas de la Guardia Civil ha iniciado una exhaustiva investigación que involucra a aproximadamente veinte individuos en Lanzarote. Esta operación se enmarca en un esfuerzo mayor por controlar y reducir la creciente problemática de las construcciones ilegales, en un intento por salvaguardar el entorno natural de la isla y asegurar que se cumplan las normativas urbanísticas establecidas.

Las acciones, llevadas a cabo por el Equipo de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), han resultado en un total de 42 inspecciones de edificaciones no autorizadas, ubicadas entre los municipios de Haría y Tías. Según un comunicado oficial de la Guardia Civil, se está investigando a estas 20 personas por un posible delito relacionado con la ordenación del territorio.

Las repercusiones legales que podrían enfrentar son severas, abarcando desde penas de prisión de entre uno a tres años, hasta multas que pueden variar entre 12 y 24 meses. Adicionalmente, se les puede exigir la demolición de las construcciones ilegales y la restauración del terreno a su estado original.

Es digno de mencionar la colaboración activa que la Guardia Civil ha estado recibiendo de la Agencia Canaria del Medio Natural y del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Haría. Esta cooperación ha sido crucial para avanzar de manera significativa en la detección y documentación de estas infracciones.

La investigación se inició tras la observación por parte de agentes del SEPRONA de un aumento en las construcciones ilegales destinadas a usos residenciales y recreativos en terrenos protegidos. Este tipo de actividades son especialmente problemáticas, ya que amenazan áreas ambientales sensibles y ponen en riesgo la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades locales que se encuentran legalmente establecidas.

Además, las autoridades han advertido que tales construcciones ilegales pueden ocasionar daños ambientales severos, dejando tras de sí una "huella difícilmente restaurable" sobre el suelo natural. Así, se pone en riesgo la pérdida de espacios naturales, suelos agrícolas y biodiversidad, lo que es particularmente alarmante en un ecosistema tan frágil como es el canario.

Para prevenir este tipo de delitos y sus implicaciones legales, la Guardia Civil aconseja a los ciudadanos que, antes de realizar cualquier compra de terrenos o iniciar proyectos urbanísticos, se informen debidamente sobre la viabilidad de sus acciones. Para ello, es recomendable dirigirse a la oficina de disciplina urbanística del respectivo municipio o a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.

El equipo del SEPRONA en Las Palmas seguirá con sus investigaciones en Lanzarote y se anticipa una segunda fase de inspecciones. Dada la envergadura del problema, es probable que aumente el número de personas bajo investigación por construcciones ilegales en la isla.