En un paso significativo para el avance de la ciencia en el archipiélago, el Parlamento de Canarias ha aprobado el inicio de la tramitación de una nueva ley de ciencia, aunque la oposición ha expresado preocupaciones sobre la supuesta falta de inclusión de las universidades públicas en este proceso.

La consejera de Universidades, Cultura y Ciencia, Migdalia Machín, defendió la legislación afirmando que es un momento crucial para potenciar el sistema de investigación y desarrollo en las islas. Según Machín, esta nueva norma permitirá tener una visión más clara del ecosistema científico canario y será fundamental para impulsar cambios necesarios.

Machín también destacó aspectos fundamentales como la simplificación administrativa y la promoción de incentivos fiscales, con el objetivo de aumentar la inversión en I+D+i hasta un 3% del PIB para el año 2030. En su intervención, instó a los diputados a actuar con urgencia para que la ley no sufra retrasos innecesarios.

Desde la oposición, Carmen Hernández, representante de Nueva Canarias, afirmó que esta ley representa una oportunidad valiosa para la ciencia, pero criticó la falta de participación universitaria en su desarrollo. Hernández subrayó la importancia de incorporar las peticiones de las universidades y de eliminar el enfoque mercantilista que podría dificultar la financiación estable para la investigación.

Por su parte, Melodie Mendoza, de Agrupación Socialista Gomera, defendió que la ley es el resultado de un consenso necesario y no de una improvisación. Mendoza resaltó la urgencia de que Canarias modernice su modelo productivo, enfatizando que la ciencia debe integrar al tejido económico y no permanecer como un elemento marginal.

Mendoza también hizo énfasis en la necesidad de construir un marco regulatorio que favorezca la estabilidad en los proyectos científicos, mencionando que la ley debe traducirse en acciones concretas y sostenibles que incluyan principios éticos en el uso de nuevas tecnologías.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, respaldó la ley, al tiempo que exigió una mayor colaboración con las universidades en su creación. Galván advirtió sobre la importancia de no comprometer el futuro económico con decisiones presupuestarias inadecuadas y de llevar a cabo una diversificación económica que no sacrifique el turismo, un pilar clave en la economía canaria.

María Isabel Saavedra, del Partido Popular, celebró la propuesta como un avance decisivo hacia un marco normativo que se adecue a las necesidades específicas del archipiélago. Destacó la importancia de la participación colectiva en el desarrollo de políticas científicas adecuadas y flexibles.

El Grupo Nacionalista, representado por Cristina Calero, se unió a la llamada para eliminar las trabas burocráticas que obstaculizan el progreso científico. Calero subrayó la necesidad de que la legislación se adapte a un entorno en constante cambio y se preocupe por cerrar la brecha de género dentro del ámbito científico.

Finalmente, desde el PSOE, Alicia Pérez expresó que, aunque la ciencia en Canarias necesita una legislación, la propuesta actual carece de las referencias necesarias hacia las universidades, que son cruciales para la producción científica local. Pérez instó a los grupos parlamentarios a trabajar juntos para mejorar el texto final y garantizar que responda verdaderamente a las necesidades del sector.