En un reciente despliegue de la Policía Nacional, se ha desmantelado una peligrosa organización criminal en Santa Cruz de Tenerife. Las autoridades han arrestado a 19 individuos involucrados en un esquema de apropiación fraudulenta de viviendas, que incluía delitos como la falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales.

De los arrestados, dos han sido enviados a prisión. La operación no solo resultó en las detenciones, sino que también permitió la incautación de importantes evidencias, incluyendo documentación falsificada y dispositivos electrónicos. Además, se encontraron 40,77 kilos de hachís que estaban listos para ser distribuidos, según un informe del cuerpo policial.

La investigación se desató tras las denuncias de varias víctimas que habían sido despojadas de sus propiedades a través de métodos fraudulentos. Los delincuentes cambiaban cerraduras y presentaban documentos falsos ante notarios con el fin de llevar a cabo transacciones simuladas de compra-venta, registrando las propiedades a su nombre y posteriormente vendiéndolas a terceros que actuaban de buena fe.

La banda se centraba en identificar propiedades desocupadas o cuyas titularidades pertenecían a personas mayores, fallecidas, o que vivían en otras localidades, aprovechándose de su vulnerabilidad. Empleaban intermediarios con experiencia en el mercado inmobiliario para llevar a cabo estas operaciones engañosas en notarías mediante contratos falsificados, complicando así la identificación del fraude.

Para darle una apariencia de legitimidad a sus acciones, la organización utilizaba a individuos en situaciones precarias como supuestos compradores o vendedores, quienes ante notario afirmaban haber adquirido la propiedad en efectivo, sin aportar justificantes. Gracias a estos documentos, lograban inscribir las propiedades en el Registro de la Propiedad y proceder a su venta ilícita.

Hasta la fecha, se ha confirmado que esta organización se apropió ilegalmente de 18 viviendas en la isla, entre las que destaca un chalet en una zona exclusiva de la capital. En este caso particular, se intentó registrar un contrato de compraventa por 120.000 euros, cuando el valor real de la propiedad era de 1.378.001,48 euros, falsificando documentos a nombre de un individuo que había fallecido hace 40 años. Este esquema de fraude representa una pérdida cercana a los 2.875.178 euros.

En el mes de febrero, las autoridades llevaron a cabo un operativo policial que incluyó la realización de ocho registros simultáneos en varias localidades: Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arico, Granadilla de Abona y Güimar. Durante estas acciones, se incautaron documentos clave para la investigación, así como dispositivos electrónicos y la mencionada cantidad de hachís, además de una báscula de precisión para el pesaje de la sustancia estupefaciente.

Los detenidos fueron llevados ante la autoridad judicial, que ha dictado prisión para dos de ellos. Esta investigación ha contado con la colaboración de la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife, un esfuerzo conjunto que destaca la importancia de la cooperación interinstitucional en la lucha contra el crimen organizado.