
Una reciente investigación ha revelado la existencia de un grupo criminal colombiano que operaba en territorio español y que se dedicaba al tráfico de personas con finalidades de explotación sexual. Este proceso se inició tras el testimonio valiente de una de las víctimas que denunció que estaba siendo objeto de abusos por parte de un clan familiar.
En un esfuerzo conjunto de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Nacional colombiana y el apoyo de Interpol, se ha logrado desmantelar esta organización en la que se han liberado a un total de 18 víctimas. La operación abarcaron varias localidades, incluyendo la provincia de Badajoz y la isla de Lanzarote, donde el clan mantenía su red de explotación.
Los informes suministrados por las autoridades indican que esta sofisticada estructura criminal tenía como método de operación la imposición de deudas de hasta 3.400 euros a las mujeres, en su mayoría de nacionalidad colombiana, a las cuales se les retenía su documentación hasta que lograban saldar dicha deuda. Las mujeres eran captadas en Colombia con la promesa de una vida mejor, solo para terminar siendo explotadas sexualmente en España.
La operación policial culminó en una serie de registros en varias ubicaciones, concretamente en Almendralejo y Arrecife, donde fueron intervenidos más de 30.000 euros en efectivo, además de estupefacientes y medicamentos. En total, se realizaron seis registros que revelaron la cruda realidad de estas víctimas y el funcionamiento del grupo criminal.
Los agentes de seguridad han detenido a un total de 18 personas, 11 de ellas en Extremadura y 7 en Canarias, de las cuales seis ya se encuentran en prisión a la espera de juicio. Los cargos que enfrentan incluyen la trata de seres humanos con la finalidad de explotación sexual, la prostitución forzada, el tráfico de drogas y otros delitos relacionados con la violación de derechos de los ciudadanos extranjeros.
La denuncia de la víctima que dio inicio a la investigación permitió a las autoridades identificar un club de alterne en Almendralejo y otro en Lanzarote, lugares donde las víctimas, que atravesaban graves dificultades económicas y sociales, eran sometidas a la explotación sexual.
Las víctimas eran transportadas a España bajo condiciones deplorables, con todos los gastos de viaje cubiertos por la organización delictiva, que a su vez exigía el pago de una deuda que las mantenía atadas a sus captores, quienes retenían sus documentos de identificación como una medida de control.
Una vez en España, las mujeres eran reclutadas inmediatamente para el trabajo sexual. En muchas ocasiones se les trasladaba entre diferentes locales para maximizar las ganancias del grupo. Las condiciones a las que ellas eran sometidas eran inhumanas; debían estar disponibles en todo momento y enfrentaban penalizaciones económicas si se negaban a cumplir con los requerimientos de sus captores.
Las víctimas estaban también bajo vigilancia constante y se les obligaba a interactuar con los clientes de una manera que favoreciera la venta de drogas y bebidas. Las operaciones eran monitoreadas mediante cámaras de seguridad, lo que evidenciaba la extrema medida de control y opresión a la que estaban sometidas.
Finalmente, gracias a esta operación, se ha podido liberar a 18 víctimas y detener a 18 implicados en esta red de explotación, mostrando la necesidad de seguir luchando contra el crimen organizado en todas sus formas. Este operativo ha contado con la colaboración de diversas fuerzas y organizaciones, entre ellas ONG que trabajan en la atención y rescate de víctimas de trata de personas, destacándose la labor conjunta para erradicar este flagelo social.
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