En un contexto de creciente preocupación por la infraestructura educativa en las Islas Canarias, el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno canario, Poli Suárez, ha hecho un llamamiento enérgico al Estado para la restitución de los 42 millones de euros anuales correspondientes al Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas. Esta reclamación se origina en la eliminación de dicha partida en 2018 bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante una entrevista con Europa Press, Suárez subrayó que, si se consideran los siete años desde que se suprimió esta financiación, la cifra total ascendía a 294 millones de euros que debieron haber llegado al archipiélago. Este es un factor que resalta la magnitud del perjuicio que ha sufrido el sistema educativo en la región por la falta de esos fondos.

El consejero se refirió a la reciente iniciativa presentada por el Partido Popular en la Comisión Mixta de Insularidad, que tuvo lugar en el Senado a finales del año pasado, donde se solicitó no solo la recuperación de los 294 millones, sino específicamente de los 42 millones para el presente ejercicio con el propósito de continuar mejorando las infraestructuras educativas en las islas. Sin embargo, lamentó que la propuesta fue respaldada por todos los grupos, excepto el PSOE.

Esta negativa del PSOE a apoyar la recuperación de los fondos ha generado descontento en el Gobierno canario. Suárez expresó su decepción, afirmando que, a raíz de esta situación, parece que el Ministerio no tiene intención de otorgar estos 42 millones, lo que obligará a la Consejería a asumir el coste de las mejoras y la puesta en marcha de nuevas instalaciones educativas.

El consejero también enfatizó la relevancia de un nuevo Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas, un documento que detalla todas las necesidades actuales en cuanto a nuevos centros y la ampliación de los existentes. Señaló que uno de los objetivos primordiales de este nuevo plan es eliminar de manera definitiva los barracones y aulas modulares, situación que afecta a la calidad educativa en las islas.

Aunque se ha argumentado que la financiación de este Plan de Infraestructuras es insuficiente, Suárez defendió la viabilidad del mismo, describiéndolo como un "plan vivo y realista". Contrapuso la situación con el anterior plan, que contaba con más de 400 millones, pero solo se había ejecutado un 14%, revelando así las deficiencias en su implementación.

Además, señaló que muchas de las obras contempladas en el antiguo plan no contaban ni siquiera con los terrenos necesarios para su realización, lo que subraya la ineficacia de un plan que prometía mucho pero ofrecía pocas obras factibles. Así, Suárez destacó que su nuevo enfoque incluye dos criterios fundamentales: contar con el informe favorable del servicio de escolarización y asegurarse de la disponibilidad del suelo para la construcción de nuevas infraestructuras educativas.

Por último, el consejero concluyó enfatizando que este nuevo Plan será revisado anualmente, permitiendo una actualización continua y transparente de los avances, asegurando que la ciudadanía esté informada sobre lo que se está haciendo en relación con el desarrollo de infraestructuras educativas en las Islas Canarias.