En Santa Cruz de Tenerife, este 28 de octubre, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha hecho un llamado contundente a la unidad política de la Cámara regional para que se exija al Estado que actúe conforme a la reciente resolución del Tribunal Supremo, que otorga un plazo de 15 días para la reubicación de menores solicitantes de asilo.

Durante su intervención ante el Pleno del Parlamento, Clavijo expresó su frustración al afirmar que ya ha agotado todas las instancias posibles para hacer frente a esta problemática, incluso buscando la intervención del Papa Francisco. "No admitimos excusas", subrayó el presidente, reflejando la desesperación del Gobierno canario ante la creciente carga de atender a menores no acompañados, que en su momento llegó a alcanzar los 5.800.

A día de hoy, el número de menores en este estado asciende a 4.554, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno canario. Clavijo resaltó que la modificación de la ley de extranjería fue un paso importante, pero reiteró que la responsabilidad final de la reubicación recae en el Gobierno central, quien ha fallado en cumplir con las órdenes judiciales.

El presidente precisó que, de los más de 1.100 menores que se encontraban en espera hace siete meses, solo 199 han sido trasladados y otros 60 permanecen en el centro 'Canarias 50'. Al criticar la inacción del Gobierno central, mencionó que las reuniones del comité interadministrativo han sido estériles, ya que el Estado se escuda en la falta de plazas mientras ignora las necesidades de las comunidades autónomas.

Clavijo dejó claro que la responsabilidad por el incumplimiento del Supremo no recae sobre las comunidades, planteando interrogantes sobre la capacidad de gestionar la llegada constante de nuevos menores. Además, propuso la elaboración de un calendario de reubicación para no dejar al archipiélago a solas en el manejo de la inmigración, lo cual contrasta con el aumento de voces extremas en el panorama político.

A pesar de su negativa a confrontar con el Gobierno central, Clavijo enfatizó que no se censurará ante lo que considera un atropello por parte del Estado. Su discurso se caracterizó por un tono firme y resolutivo, dejando ver la determinación de su administración por proteger a esta población vulnerable.

El líder de NC-bc también manifestó su apoyo a Clavijo, reconociendo el esfuerzo realizado al abordar esta crisis. Sin embargo, observó que el centralismo en Madrid ha fallado en brindar el apoyo necesario a Canarias, un hecho calificado de "lamentable". La crítica se amplía cuando menciona la deslealtad de algunas comunidades gobernadas por el PP en relación a las necesidades del archipiélago.

Desde el Grupo Popular, se criticó fuertemente la inacción del Gobierno central, señalando que la situación es de emergencia y que el silencio del PSOE es inaceptable. La portavoz del PP lamentó la falta de acción y el hecho de que, a pesar de la gravedad de la situación, no se han tomado las medidas necesarias en el plazo adecuado.

Más allá del debate político, la realidad es que la presión migratoria sobre las Islas Canarias es un asunto que inquieta no solo a los representantes de la región sino que plantea importantes preguntas sobre la gestión y la solidaridad necesaria entre comunidades. Así lo destacó el portavoz de ASG, resaltando que la atención a los menores migrantes no puede depender de la ubicación geográfica de su llegada.

El cruce de acusaciones entre diferentes grupos sobre la gestión de la inmigración ha intensificado un debate que se complica con el tiempo. Se cita la necesidad urgente de soluciones que vayan más allá de lo político, abordando de manera efectiva las preocupaciones de seguridad y convivencia que surgen en el contexto migratorio actual.