SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 de noviembre.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reunido este miércoles a los siete grupos políticos del Parlamento en un esfuerzo por ganar apoyo y consenso para el proyecto del denominado 'decreto canario', el cual será enviado al Gobierno central para su validación y posterior discusión en el Congreso. Sin embargo, dicha iniciativa ha generado escepticismo entre las principales formaciones de la oposición, como el PSOE, Nueva Canarias y Vox.

Clavijo, en declaraciones a la prensa, destacó que el borrador está abierto a modificaciones, pero enfatizó que aborda las "tres necesidades" urgentes que enfrenta Canarias actualmente: la implementación de la 'agenda canaria', el desarrollo del Estatuto de Autonomía y la liberación de los fondos pendientes en los Presupuestos Generales del Estado.

“Reconocemos que, sin estas acciones, Canarias no podrá superar los desafíos que arrastra desde la pandemia y la erupción del volcán. Para solucionar problemas acuciantes como la crisis de vivienda y la precariedad laboral, precisamos la cooperación del Estado”, afirmó el presidente.

El proyecto legislativo consta de 33 artículos, 10 disposiciones adicionales y tres disposiciones finales.

En el primer bloque, titulado 'Medidas de recuperación social y económica', se compilan las iniciativas económicas o legislativas que el Gobierno central debe adoptar para asegurar el desarrollo integral del archipiélago.

Entre las propuestas más destacadas se incluye una deducción del 60% en el IRPF para los residentes de La Palma, La Gomera y El Hierro durante los próximos tres años, así como una nueva bonificación del 50% en la cuota de la Seguridad Social para empleadores que contraten a trabajadores en estas islas con contratos indefinidos y en situaciones de sustitución por incapacidad temporal, de manera similar a lo que ocurre en Ceuta y Melilla.

El borrador también propone una inyección de recursos por un monto de 100 millones de euros para los años 2026, 2027 y 2028, para continuar con la recuperación de La Palma tras la reciente erupción volcánica.

Esta asistencia financiera se complementaría con 30 millones de euros destinados a un Plan Especial de Empleo en La Palma en el año 2026, con posibilidad de extensión a 2027.

El Ejecutivo también solicita la continuación de manera indefinida de la gratuidad del transporte público terrestre en Canarias durante al menos dos años más, además de reclamar 160 millones de euros anuales del Gobierno central.

En el ámbito de la vivienda y las políticas sociales, Canarias busca asegurar que las partidas específicas que el Estado incluyó en sus presupuestos de 2023 se mantengan vigentes, incluso tras la prórroga de los mismos. Esto incluye, entre otros, 45 millones para el Plan Integral de Empleo y 42 millones para infraestructuras educativas.

El segundo bloque de la propuesta, titulado 'Medidas de apoyo a colectivos vulnerables', tiene como objetivo continuar con los 30 millones anuales destinados a la lucha contra la pobreza, además de solicitar al Estado la cesión de terrenos para la construcción de viviendas protegidas.

Asimismo, se demanda a partir de 2026 y durante el siguiente año 105 millones anuales para la ejecución de proyectos de vivienda cubierta en las islas.

El borrador también solicita nuevos fondos estatales para áreas cruciales como formación profesional, plan para jóvenes desempleados, educación infantil gratuita, cofinanciación en dependencia, sobrecoste de atención sanitaria, tratamiento de aguas y renovación de infraestructuras energéticas.

En una propuesta innovadora vinculada a la 'agenda canaria', el Gobierno regional sugiere que el Estado ofrezca bonificaciones del 50% en la cuota de la Seguridad Social a las empresas de las islas que apliquen medidas para incrementar la productividad y los salarios.

Además, se exige al Gobierno central que cubra la mitad de los costos relacionados con la planificación y ejecución de obras de infraestructuras de transporte público en Lanzarote y Fuerteventura.

En el ámbito de costas, Canarias ha solicitado 20 millones de euros para 2026 y 2027 para proyectos de interés general y que el Estado transfiera a la comunidad autónoma las competencias necesarias para gestionar el dominio público marítimo-terrestre.

Asimismo, el texto contempla la asignación de 20 millones anuales para proyectos hidráulicos, 204 millones para financiar el Convenio de Carreteras entre 2026 y 2030, y recursos para inversiones en infraestructura turística y de I+D+i.

Una demanda histórica es también la financiación estatal para garantizar el costo de 1,400 plazas del Cuerpo General de la Policía Canaria, asegurando su presencia y funciones en todas las islas en coordinación con las fuerzas del orden nacional.

El vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, expresó que el objetivo del decreto es conseguir acuerdos que permitan a Canarias obtener más recursos y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, cuestionó la necesidad de este decreto, argumentando que ya existen compromisos establecidos con el presidente del Gobierno y la ministra de Hacienda, sugiriendo que Clavijo intenta desviar atención con esta propuesta.

Franquis aseguró que su partido está dispuesto a dialogar sobre cualquier tema, aunque criticó que el Gobierno canario no aborde asuntos clave como la vivienda o la productividad.

El portavoz de Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, comentó que el decreto incluye elementos significativos para el archipiélago y opina que su aprobación sería un avance sustancial.

En contraste, Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias (NC), calificó el borrador de "carta a los Reyes Magos", indicando que ha evolucionado de focos de bloqueo en los PG a un documento que responde a la agenda política de Coalición Canaria.

Campos afirmó que su grupo está abierto a debatir, pero enfatizó que no se llevarán a cabo negociaciones bajo presión cuando se avecina un decreto urgente del Gobierno central.

El portavoz de Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, observó que este proceso sigue una "hoja de ruta" similar a la del Pacto por la Inmigración, propiciando así la participación de diferentes grupos y dejando claro que la propuesta es ambiciosa y requerirá negociación con el Gobierno nacional.

Finalmente, Casimiro Curbelo, portavoz de ASG, llamó a la unidad y la comprensión entre los partidos para avanzar en el decreto ley, argumentando que solo a través de la colaboración se podrán resolver los problemas de Canarias.

Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, expresó el apoyo de su partido, afirmando que el documento se enfoca en el bienestar de los canarios, aunque a su vez lamentó que el Gobierno central intente aprobar un texto que no atienda a sus intereses.

Nicasio Galván, portavoz de Vox, se comprometió a analizar el borrador, aunque manifestó sus reservas sobre su viabilidad debido a la falta de respaldo parlamentario y la percepción de que el Gobierno central ha fallado en cumplir con las necesidades de las islas.