El Parlamento de Canarias ha proclamado la aprobación de una nueva ley que regula el alquiler vacacional, un hecho que ha generado un fuerte rechazo por parte de la oposición, que incluye a los grupos PSOE, NC-bc y Vox. Estos partidos no solo se opusieron a la normativa, sino que también bloquearon el debate sobre hasta 24 enmiendas que se presentaron de manera verbal por los integrantes del cuatripartito.

La consejera de Turismo, Jessica de León, ha reconocido que esta legislación ha representado un reto en términos de comprensión y ejecución durante su proceso de tramitación. En su intervención, destacó el compromiso de los partidos Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP), Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Asociación Hispanoamericana de Independientes (AHI), quienes han trabajado a favor del interés general y han evitado caer en tácticas políticas que obstaculizan el progreso.

Agradeciendo la colaboración del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y del vicepresidente, Manuel Domínguez, la consejera subrayó que sin su apoyo, el avance de esta ley no habría sido factible.

Por su parte, la diputada Esther González, de NC-bc, criticó a los partidos del cuatripartito por no respaldar ninguna de las 34 enmiendas que su grupo presentó, las cuales estaban bajo el argumento de proteger el derecho de miles de familias canarias a alquilar sin ser desplazadas de su hogar.

González hizo hincapié en que el Gobierno ha “enmendado” su propio proyecto al no haber buscado un consenso amplio, y sugirió que la legislación en realidad favorece a grandes empresas turísticas en detrimento de los pequeños propietarios, quienes se sienten atacados sin razón.

El rechazo también se hizo eco en las palabras de Gustavo Santana, del PSOE, quien alertó sobre la falta de consideración hacia los residentes y el interés general que trae consigo la ley, cuyas disposiciones han propiciado un aumento notable en el número de viviendas vacacionales desde septiembre de este año.

El diputado añadió que la norma beneficia desproporcionadamente a grandes inversores y sugirió que hay alternativas más equitativas, como limitar la explotación a un máximo de tres viviendas por propietario, buscando así dar realmente oportunidad a quienes gestionan pequeñas propiedades.

Desde el Grupo Mixto (AHI), Raúl Acosta defendió la ley, a pesar de reconocer que no es perfecta. La consideró un avance comparado con su versión original y argumentó que permitirá una mejor ordenación y planificación local, dado que los ayuntamientos deberían tener la capacidad de decidir en cuanto a la regulación de la ley.

Acosta reprochó a la oposición el no aceptar el diálogo, mientras que Jesús Ramos (ASG) expresó su descontento con el bloqueo de la oposición a las enmiendas, y pidió a De León la implementación rápida de medidas a través de un decreto.

La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, describió la ley como “camaleónica” y señaló que, a su parecer, no ofrece soluciones efectivas, trasladando una carga excesiva a propietarios y administraciones locales.

David Morales, del PP, celebró la legislación como una protección jurídica para el pequeño propietario, afirmando que pone fin a la proliferación de alojamientos ilegales y que da a los municipios la autonomía necesaria para decidir sobre sus propias regulaciones de vivienda vacacional.

Desde la perspectiva de Socorro Beato (CC), esta ley es esencial para ordenar el sector y dar apoyo a los pequeños propietarios que dependen de estos ingresos, aunque también reconoció las preocupaciones expresadas por algunos sectores, prometiendo que habrá ajustes en un futuro decreto.

Beato enfatizó que la normativa no busca erradicar el alquiler vacacional, sino regularlo de una manera que beneficie tanto al turismo como a la convivencia entre vecinos, asegurando que este mecanismo contara con un marco legal eficiente que se adapte a las particularidades de cada isla.