Canarias alerta sobre la crisis económica para gestionar a los menores migrantes.

El Gobierno de Canarias se encuentra en una situación "extremadamente crítica" en cuanto a la atención económica de menores migrantes que llegan a las costas del archipiélago, según advirtió la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Delgado destacó que el gasto para atender a los menores extranjeros ha llevado a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias a una situación "extremadamente crítica y preocupante".

Se prevé que para el año 2023 se necesitarán 156 millones de euros para atender a los 5.524 menores bajo tutela en la comunidad, pero el Gobierno central aún no ha aportado los 72 millones de euros prometidos, lo que deja un déficit de financiación de 84 millones de euros.

Estas previsiones de gasto no incluyen las aportaciones de otras consejerías, como sanidad, educación o justicia, y se espera un aumento en el número de menores y adolescentes que necesitarán protección en los próximos meses.

Delgado señaló que las entidades con las que trabaja el Gobierno de Canarias tienen dificultades para contratar personal cualificado y encontrar recursos alojativos adecuados disponibles, a pesar de que se han abierto más centros desde el inicio de la legislatura.

La consejera enfatizó que Canarias no puede seguir asumiendo sola la atención a estos menores, ya que las competencias en materia de infancia no estaban diseñadas para una situación como esta y ninguna comunidad autónoma puede garantizar la atención y la integración sin ayuda real del Estado.

En cuanto al presupuesto para el 2024, se estima que se necesitarán 156 millones de euros solo para atender a estos menores, lo que refleja la magnitud de la situación actual.

Delgado subrayó la necesidad de llegar a un acuerdo con el Estado para distribuir equitativamente a los menores extranjeros no acompañados y materializar el reparto acordado en la conferencia sectorial del año pasado.

La consejera aseguró que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar que ningún menor se quede en situación de calle, pero reconoció que es una posibilidad real y preocupante.

El Gobierno de Canarias también tiene 1,800 menores nacionales bajo tutela, lo que aumenta la presión sobre el sistema de protección infantil.

Ante el déficit de 12 millones de euros en el departamento de Bienestar Social, Delgado está solicitando autorización para obtener fondos adicionales del Gobierno regional y de la Consejería de Hacienda.

A pesar de los desafíos financieros, no se han producido retrasos en el pago de facturas, aunque se espera una mayor presión en los próximos meses.

En resumen, Canarias se enfrenta a una situación crítica en la atención a menores migrantes, y es fundamental que se establezca una colaboración efectiva con el Estado para garantizar el bienestar de estos jóvenes vulnerables.