El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha expresado su apoyo a la figura del Defensor del Pueblo y considera que es la vía más adecuada en el actual ambiente de polarización. En este sentido, ha anunciado que se dirigirá a este órgano para solicitarle que interponga recurso de inconstitucionalidad en caso de que la ley de amnistía sea aprobada.

La decisión del alcalde sigue la moción aprobada por el Pleno de la corporación el pasado 29 de septiembre. Esta decisión se basa en el informe elaborado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, en respuesta a una instrucción del alcalde, en la que se solicitaba explorar todas las alternativas legales para evitar la tramitación parlamentaria o la aplicación de esa ley.

Según el Ayuntamiento, el informe determina que el Ayuntamiento no está legitimado para intervenir en la tramitación de la ley, pero expone la posibilidad de presentar recurso de inconstitucionalidad una vez que la ley sea aprobada. En este sentido, el alcalde considera que en un clima de polarización, donde la política está contaminando la vida social y se está poniendo en duda a los jueces, la vía más adecuada es acudir al Defensor del Pueblo para que presente el recurso ante el Tribunal Constitucional.

El alcalde argumenta esta decisión destacando el carácter independiente y apolítico de la figura del Defensor del Pueblo, como se recoge en la Ley Orgánica 3/1981. Además, señala que el Defensor del Pueblo se debe a todos los españoles y considera que en este momento es el único órgano que puede defender los intereses de la ciudadanía.

La solicitud se fundamentará en que la norma vulnera la Constitución Española y los principios básicos de la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y la independencia judicial. Según el alcalde, esta ley está siendo utilizada como instrumento político para el privilegio de unos pocos. Además, se sustentará en las dudas sobre el encaje constitucional de esta norma por parte de magistrados, notarios, jueces, abogados, colegios profesionales, colectivos sociales y económicos, así como en las afirmaciones previas del presidente del Gobierno y algunos ministros y altos cargos socialistas sobre la inconstitucionalidad de la ley.

En conclusión, el alcalde Bermúdez afirma que hará todo lo posible para oponerse a esta Ley Orgánica, actuando en defensa del bien común, de la Constitución y de los principios democráticos.