En Santa Cruz de Tenerife, el partido Vox ha decidido tomar cartas en el asunto respecto al barco de la ONG Open Arms. A través de su representante Nicasio Galván en el Parlamento de Canarias, la formación ha presentado una solicitud ante Capitanía Marítima para que se realice una exhaustiva investigación sobre las condiciones de seguridad y los requisitos técnicos del citado buque, que se encuentra en la isla para llevar a cabo actividades de sensibilización sobre la migración.

Vox ha manifestado su preocupación por la posible existencia de "deficiencias o incumplimientos" en el barco, pidiendo que, en caso de confirmarse estas irregularidades, se ordene la paralización del buque y la suspensión de cualquier servicio, ya sea en sus labores de rescate o en otras actividades que esté realizando.

Según el partido, el barco representa un "alto riesgo", argumentando que su antigüedad —más de 12 años— y los problemas previos que ha enfrentado la empresa FUNDACIÓN PROA-PROACTIVA, como sanciones e inmovilizaciones, son motivos suficientes para dudar de su operatividad. Además, remarcó que la compañía había considerado reemplazar el barco debido a estos graves antecedentes.

La denuncia también destaca que no existe evidencia de que el Gobierno de España haya otorgado a Open Arms la autorización necesaria para llevar a cabo rescates en aguas del Océano Atlántico o en cualquier otra zona marítima. De hecho, se menciona que en los años 2018 y 2019, Open Arms admitió que no tenía permiso para realizar rescates en el Mediterráneo, lo que resultó en multas muy elevadas que alcanzaron hasta los 901.000 euros.

Desde Vox se enfatiza que la responsabilidad de las operaciones de búsqueda y rescate debe recaer exclusivamente en las autoridades estatales, argumentando que no se debe permitir la intervención de entidades privadas en esta materia. Esto se relaciona con un convenio que firmó el Gobierno de Canarias, que podría permitir a la ONG participar en rescates, siempre que se les solicite.

Vox denuncia que no es aceptable que el barco permanezca en puerto a la espera de recibir una llamada de auxilio de migrantes que intentan ingresar ilegalmente al territorio español, ni que se colabore con su tránsito o desembarco. Esta postura refleja una firme defensa de la soberanía nacional y de la seguridad en las aguas españolas.

Además, en el ámbito de las actividades recreativas y educativas dirigidas a niños y jóvenes, Vox ha expresado su inquietud sobre los potenciales peligros que estas podrían representar. Se argumenta que los requisitos técnicos, de navegación y de seguridad que se aplican a un buque tipo escuela son significativamente diferentes a los necesarios en un barco destinado al transporte de pasajeros, lo cual podría comprometer la seguridad de los asistentes a estas actividades.