En Santa Cruz de Tenerife, los líderes de las universidades públicas de Canarias, Francisco García de la Universidad de La Laguna (ULL) y Lluis Serra de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), han expresado su descontento en una carta dirigida a los grupos parlamentarios sobre la nueva ley de ciencia que se está elaborando.

Ambos rectores han señalado que están decepcionados por no haber sido convocados a participar en la creación de este anteproyecto, a pesar de que sus instituciones representan casi toda la investigación científica y la transferencia de conocimiento en las islas. En su mensaje, enfatizan que tal omisión es un claro descuido del Gobierno de Canarias, que no ha facilitado un proceso de consulta pública adecuado.

Esta falta de consulta, según los rectores, es alarmante, especialmente porque el texto llegó al Parlamento sin que las universidades tuvieran la oportunidad de revisarlo previamente. Esta situación podría violar lo estipulado en la Ley 4/2023, que regula la actuación de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, lo que podría llevar a cuestionar la validez del proceso legislativo.

Los rectores consideran que este es un grave error que se traduce en una "oportunidad perdida", ya que el actual proyecto de ley no aborda ni soluciona los desafíos que enfrentan las universidades canarias en áreas de investigación, desarrollo e innovación.

Destacan la importancia fundamental de las universidades públicas en la creación de conocimiento y en la formación de profesionales altamente cualificados. Hace un llamado a tener una "visión ambiciosa" que impulse a Canarias hacia un futuro de desarrollo sostenible centrado en la innovación y tecnología.

Además, afirman que están completamente dispuestos a liderar, en colaboración con el Gobierno, un cambio productivo basado en la ciencia, sugiriendo la necesidad de un sistema de innovación que apoye la transición de economías tradicionales a economías centradas en el conocimiento.

Para lograr un crecimiento económico que sea sostenible y aporte un mayor valor social, los rectores subrayan la urgencia de fortalecer la investigación pública universitaria. Esta, según afirman, es clave para el bienestar a largo plazo de la sociedad canaria.

Por último, muestran su esperanza en que los grupos parlamentarios consideren las propuestas de las universidades, haciendo un llamado a la colaboración para crear una Ley Canaria de la Ciencia que sea completa, moderna y efectiva, capaz de enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que el ámbito del conocimiento ofrece a Canarias.