En el día de ayer, el Parlamento español fue escenario de una significativa votación en la que el Partido Popular (PP), Vox y Junts se unieron para rechazar un decreto ley ómnibus presentado por el Gobierno. Este decreto contemplaba, entre otras cosas, la revalorización de las pensiones, la extensión de las ayudas al transporte público, y la prohibición de cortar suministros básicos a las personas más vulnerables, así como asistencia para los afectados por la DANA y la erupción volcánica en La Palma.

El resultado de la votación fue claro: 177 votos en contra frente a 171 a favor, lo que llevó a la derogación del decreto que había sido aprobado en diciembre y que ya estaba en vigor. Esto significa que todas las medidas incluidas en el mismo, como la prevista subida del 2,8% en las pensiones contributivas y класеs pasivas del Estado para el año 2025, quedarán sin efecto a la espera de nuevas decisiones por parte del Gobierno.

Entre las repercusiones de esta votación, también se encuentra la congelación del incremento del 6% en las pensiones mínimas y no contributivas, así como del 9% del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Estas decisiones afectan directamente a las economías más frágiles de la sociedad, lo que despierta preocupaciones entre los ciudadanos sobre cómo se tomarán decisiones futuras en esta área sensible.

El decreto también preveía la extensión de las ayudas al transporte público hasta junio de 2025 y ponía fin a los cortes de suministros esenciales y desalojos para personas en situación vulnerable. Sin embargo, estas medidas ahora están en el aire tras el rechazo del hemiciclo.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, defendió la "extraordinaria y urgente" naturaleza de las medidas del decreto durante su intervención en el Congreso. En su discurso, advirtió que, al votar en contra, se estaba afectando a las pensiones y a las ayudas vitales para los ciudadanos perjudicados por la DANA en Valencia.

El PP justificó su decisión de voto en contra a raíz de la inclusión en el decreto de una disposición que cede un edificio emblemático en París, donde se encuentra la sede del Instituto Cervantes, al PNV. Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, había anticipado que su grupo no apoyaría la norma, criticando al Gobierno por su enfoque de "recortes y chantajes".

Bravo también instó al Ejecutivo a buscar una base de apoyo entre sus aliados parlamentarios, sugiriendo que si realmente poseían una mayoría, deberían presentarse a una cuestión de confianza. "Si no son capaces de gobernar con claridad, lo que deberían hacer es convocar elecciones y devolver el poder a los ciudadanos", aseveró.

Posteriormente, Miriam Nogueras, portavoz de Junts, comunicó su intención de votar en contra de todos los decretos que serán discutidos en esa sesión, lo que llevó al PP a confirmar su rechazo al decreto ómnibus. A pesar de que varios grupos expresaron su intención de apoyar la ratificación, no cesaron en criticar al Gobierno por el uso excesivo de esta figura legal, que incorpora una variedad de medidas heterogéneas en un solo texto.

Durante el debate, Cristina Valido de Coalición Canaria, del Grupo Mixto, destacó que la inclusión de distintos asuntos en un mismo decreto dificulta que otros grupos puedan definir su posición y crea incertidumbre en la ciudadanía respecto a la viabilidad de las medidas propuestas. Desde BNG, Néstor Rego alertó sobre el uso reiterado de este tipo de decretos por parte del Ejecutivo, mostrando su desaprobación.

Por su parte, Mertxe Aizpurua de EH Bildu enfatizó que los ciudadanos no deberían ser responsables de los cálculos políticos de los partidos. En su intervención, hizo hincapié en que la posible no subida de las pensiones, los recortes en transporte público y la falta de protección a familias vulnerables recaerían en la ciudadanía, perjudicando su bienestar.

Finalmente, Inés Granollers de Esquerra Republicana (ERC) criticó al Gobierno por amalgamar en un solo decreto temas tan relevantes, lo que obliga a los parlamentarios a un debate sobre aspectos fundamentales para la vida diaria de los ciudadanos. La situación suscitada around esta votación refleja no solo divisiones políticas, sino también el delicado equilibrio necesario para la gestión del bienestar social en el país.