Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo. La discusión sobre la reciente reforma de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos en Canarias se ha intensificado, con la formación de Podemos Canarias expresando su fuerte oposición a los cambios propuestos.

En un comunicado oficial, esta agrupación ha declarado que la modificación de la normativa podría abrir paso a un modelo de urbanismo que desregule el uso del suelo, lo que podría tener consecuencias negativas para el patrimonio cultural, los recursos naturales y la integridad territorial de las islas.

Según el partido, la nueva legislación permitiría la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en terrenos rústicos, lo que desvirtuaría la tradición de explotación agrícola de la región y podría poner en peligro el modelo territorial que ha caracterizado a Canarias a lo largo de su historia.

Podemos también ha expresado su preocupación por la posible erosión de los mecanismos de evaluación ambiental y la reducción de los plazos para la participación pública, considerándolo una restricción a la capacidad de los ciudadanos para involucrarse en decisiones que afectan su entorno.

El partido ha criticado lo que consideran una "puerta trasera" en los llamados proyectos de interés insular, que podrían sortear el proceso democrático en el planeamiento urbano. Aunque algunos proyectos turísticos alojativos han sido eliminados de la lista, otros tipos de iniciativas podrían seguir amenazando la planificación ordenada del territorio.

Nona Perera, responsable de Cultura y Patrimonio de la formación, ha enfatizado que esta nueva normativa representa un ataque a la identidad cultural de la región, señalando que se abre la posibilidad de destruir el patrimonio en aras de intereses turísticos y especulativos, dejando a la ciudadanía vulnerable frente al despojo de sus raíces.

Por su parte, Gabriel González, concejal por Unidas Podemos en Adeje y Secretario de Territorio, Sostenibilidad y Turismo del partido, ha advertido que esta reforma consagra lo que él describe como un "urbanismo salvaje" que favorece únicamente a una élite privilegiada.

González también criticó la conversión de los órganos ambientales en instrumentos unipersonales, acusando a la nueva legislación de ser una incitación a la corrupción y el descontrol, y alertando sobre las implicaciones que esto podría tener para la sostenibilidad ecológica, la ordenación del territorio y los derechos democráticos de los canarios.