El Parlamento de Canarias ha dado luz verde este viernes a la tramitación de la ley sobre alquiler vacacional, a pesar de las objeciones planteadas por los grupos Socialista y Vox, quienes presentaron enmiendas que fueron rechazadas en su totalidad.

La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, ha enfatizado que la nueva normativa forma parte de un esfuerzo por redefinir el modelo turístico en un contexto donde la "economía de plataformas" se encuentra en expansión.

De León ha expuesto que existe una creciente demanda de alquiler vacacional en las islas, con incrementos de más del 20% desde 2023. Aunque reconoce la importancia del derecho a la propiedad privada, sostuvo que es fundamental que las autoridades actúen para prevenir la especulación y garantizar la seguridad jurídica de los propietarios.

La consejera ha catalogado la situación actual del mercado de viviendas como un "caos" y ha defendido que la ley establece "límites" claros: el 90% de las viviendas se destinarán a uso residencial y el 10% a actividades turísticas. En las denominadas 'islas verdes', la división será del 80% y 20%, respectivamente.

Asimismo, la ley prohibirá el alquiler vacacional en viviendas de protección oficial y en edificios completos que operan como "falsos hoteles". "Hemos enfrentado a los grandes tenedores", apuntó De León.

La consejera también mencionó la importancia de equilibrar el derecho a una vivienda adecuada con el desarrollo del turismo, abogando por una regulación que no estigmatice a ninguna de estas actividades y que se alinee con los fallos recientes del Tribunal Constitucional y del Supremo.

Considerando el alquiler vacacional como esencial para el sector turístico de las islas, De León defendió la implementación de un régimen transitorio. Reconoció las "presiones" que ha experimentado de diversos sectores y expresó su gratitud por el apoyo brindado por el presidente y el vicepresidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo y Manuel Domínguez.

Apeló a los grupos parlamentarios a no perder de vista la convivencia pacífica en el archipiélago y a pensar en un futura sostenible para los barrios canarios.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, argumentó que muchas familias en Canarias se encuentran abrumadas, y acusó al Gobierno de alinearse con los intereses de los más poderosos en esta discusión, invadiendo la competencia de los ayuntamientos.

Franquis denunció la falta de "consenso" y la generación de "enormes dudas" entre los socios del Gobierno, advirtiendo sobre la "alarma social" que podría desencadenar la nueva ley. A su juicio, esta normativa carecería de "sentido común" y "sensibilidad social".

Demandó de nuevo a De León que actúe con valentía frente a los poderosos y no contra los más vulnerables, sugiriendo que se considerara una moratoria y que se trabajara en una regulación que reflejara la voluntad de la mayoría de la población.

El portavoz ha destacado que no se pueden comparar las realidades de los diferentes municipios ni las 'islas verdes' con las turísticas. Criticó la decisión de trasladar toda la responsabilidad a los ayuntamientos, que carecen de los medios necesarios, e hizo un pronóstico sombrío sobre el futuro de la ley: "su existencia será la misma que la de este Gobierno".

Paula Jover, de Vox, califica la nueva legislación como un "asalto" a la propiedad ciudadana, afirmando que su aplicación abarcará el "100% de los municipios". Acusó al Gobierno de "jugar" con el sustento de los ciudadanos y de "amenazar" a los empresarios con la presión de incrementar salarios.

Reiteró que el Ejecutivo está utilizando al alquiler vacacional como un "chivo expiatorio" para justificar la crisis de vivienda en el archipiélago y demandó un enfoque razonable en la regulación que no se base en los intereses del Gobierno. "No somos tontos, aquí no se juega limpio", aseveró.

Jover insistió en la necesidad de "innovar" en el turismo y abogó por no desplazar a pequeños propietarios que han invertido en este sector, especialmente en tiempos en los que las 'okupaciones' de viviendas continúan sin una respuesta adecuada.

En tanto, el portavoz del Grupo Mixto (AHI), Raúl Acosta, comentó que regular el alquiler vacacional es "interesante", considerando que existen más de 232,000 propiedades de esta naturaleza en las islas. No obstante, matizó que no se puede cargar únicamente sobre este sector la crisis de la vivienda, ya que muchos propietarios temen alquilar sus casas.

Instó a la consejera a que no se preocupe por las críticas, sugiriendo que todos los diputados deben trabajar en la regulación para no dejar todo en manos del Tribunal Supremo y del Constitucional.

Acosta sugirió un esfuerzo conjunto para asegurar que los municipios tengan normativas viables, advirtiendo que los legisladores no pueden "arrugarse" ante las presiones recibidas en las últimas semanas.

Jesús Ramos, de ASG, propuso crear una comisión de estudio sobre el tema, subrayando que el alquiler vacacional ha contribuido a distribuir la riqueza en Canarias, y que el objetivo final debe ser que todas las viviendas cumplan con la normativa legal.

Señaló que no es justo culpar al alquiler vacacional por la crisis de vivienda y ofreció el apoyo de su grupo para buscar una ley que goce de amplio consenso.

Esther González, de NC-BC, se mostró en favor de una "ordenación y regulación" del alquiler vacacional, aunque criticó el enfoque de la ley por nacer sin consenso, resaltando que solo ha sido bien recibida por los empresarios hoteleros.

Advirtió que esta ley podría resultar "inaplicable" debido a la falta de recursos técnicos y económicos en los ayuntamientos, y predijo su fracaso, ya que no considera las particularidades de cada municipio ni diferencia entre grandes y pequeños tenedores. "Este proyecto ha fallado en su objetivo", concluyó.

David Morales, del Grupo Popular, argumentó que la ley "protege" el alquiler vacacional, un sector esencial que no se puede desestimar. Criticó a PSOE y Vox por ignorar la necesidad de equilibrar la actividad turística con el acceso a la vivienda.

Predijo que el alquiler vacacional seguirá siendo parte de la oferta en Canarias y valoró la disposición de NC-BC para trabajar en la legislación mediante enmiendas parciales.

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, sostuvo que la regulación del alquiler vacacional es necesaria, ya que, aunque ha brindado oportunidades, también ha contribuido a desplazar a residentes y aumentar los precios de alquiler.

Subrayó que su meta es lograr que la actividad turística y el acceso a la vivienda sean compatibles, señalando que otros destinos como Cataluña, Ámsterdam o Venecia ya han establecido límites similares.

A pesar de ello, afirmó que su grupo trabajará para "mejorar" el proyecto de ley, considerando las especificidades de Canarias, y criticó a los socialistas por cambiar de postura al pasar de solicitar un decreto de urgencia a pedir la retirada de la norma.

Finalmente, Beato les recriminó que carecen de un rumbo claro y que han sido incapaces de sostener un proyecto coherente, actuando según les convenga.