La situación de la huelga de médicos en Canarias podría extenderse hasta el viernes, aunque todo dependerá de lo que decida la Consejería de Sanidad en los próximos días, según ha manifestado el Sindicato Médico de Canarias.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 de septiembre.

Los médicos de las Islas mantienen su convocatoria de huelga para el 23 de septiembre, con el firme propósito de abordar la "incertidumbre" que rodea la estabilización del Servicio Canario de Salud (SCS). Además, ese mismo día, el colectivo planea realizar una concentración a las 11:00 horas en el acceso al edificio de actividades ambulatorias del Hospital Universitario de Canarias.

Los organizadores de la huelga han solicitado a la Consejería que, antes del lunes, publique un listado que incluya a la mayoría de los aspirantes aprobados por méritos, junto con sus destinos. Esta publicación se considera un requisito esencial para poder desconvocar la huelga.

Levy Cabrera, secretario general del Sindicato Médico en Canarias, ha explicado que su petición tiene como objetivo evitar que médicos del subgrupo A1, tanto del personal sanitario como de gestión y servicios, se vean obligados a participar en un concurso de oposición ordinario para su estabilización, lo cual resultaría innecesario.

En otro orden de cosas, la Consejería ha anunciado que Adasat Goya, director del Servicio Canario de la Salud, ofrecerá una rueda de prensa el lunes a las 11:30 horas para detallar la situación actual del proceso de estabilización del SCS.

A la expectativa de esta declaración, el Sindicato Médico mantiene su posición firme en la huelga programada. Cabrera ha señalado que la movilización está planteada inicialmente del martes al viernes.

El Sindicato estima que alrededor de 1.900 médicos se verán afectados por esta situación, mientras que el número de profesionales de otras categorías podría ascender a cerca de 2.400. Si no se hace pública la lista de méritos y sus destinos, la Administración podría forzar a los aspirantes a presentarse a examen, lo que limitaría sus opciones de elección en los puestos disponibles.

Desde UGT han calificado la situación de "muy grave", señalando que, tras seis años de espera, el SCS no asegura la publicación de los listados de adjudicación por méritos antes de los exámenes, incumpliendo así lo establecido en la convocatoria.

"No es un trámite menor; sería la base que aporta seguridad jurídica y orden a quienes sostienen el sistema de salud pública. Pedir esos listados no es un capricho, sino un requisito fundamental para un proceso claro y transparente", indicaron en un comunicado.

Asimismo, el Sindicato de Médicos ha advertido sobre las consecuencias que esta situación podría acarrear. Cabrera ha recordado que se pactó que las fechas de examen se fijaran los fines de semana, para así no interferir con la actividad asistencial, sugiriendo celebrarlas en octubre o incluso noviembre.

Esto podría generar un "perjuicio innecesario" no solo a los médicos y facultativos temporales obligados a examinarse, sino también a los pacientes cuyas pruebas, consultas o cirugías se verían suspendidas durante los días de exámenes.

También el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) ha convocado una huelga, esta vez para el 26 de septiembre, demandando que el Servicio Canario de Salud anule la resolución de llamamiento a examen antes de concluir el primer proceso selectivo excepcional por concurso de méritos, lo que violaría las bases de la oferta de empleo público vigente.

Esta organización ha afirmado que la consejera de Sanidad, Esther Monzón, está profundizando en la "inseguridad jurídica" que se ha arrastrado desde el 31 de diciembre de 2024, al no haber finalizado todos los procesos de estabilización convocados bajo la ley 20/2021, que busca reducir la temporalidad en el empleo público.

Además, afirman que Monzón no ha alcanzado el umbral que la Unión Europea exige para la temporalidad, que debe estar por debajo del 8%, mientras que en la actualidad supera el 70%, colocando al SCS en el deshonroso primer puesto en el abuso de contratos temporales entre las administraciones públicas del país.

Por último, se subraya que la consejera tampoco ha cumplido con el plazo de tres años, establecido por la norma interna nacional y confirmado por el Tribunal Supremo, que exige concluir los procesos selectivos correspondientes tras la publicación de la oferta de empleo público.