Una reciente legislación en Canarias promete cambiar el panorama para las comunidades afectadas por erupciones volcánicas, al introducir medidas que refuerzan derechos económicos y sociales, así como compensaciones justas para los futuros damnificados.

En una votación que tuvo lugar el viernes, la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias ratificó un dictamen sobre la denominada ley de volcanes, contando con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y más de 19,000 firmas que respaldaron la propuesta presentada por un colectivo ciudadano.

Esta ley, que se espera sea definitivamente ratificada en el Pleno del Parlamento el próximo miércoles, incluye una cláusula de efecto retroactivo que asegura tanto la protección de derechos sociales como una compensación equitativa en función del valor real de las propiedades y viviendas que se hayan perdido.

El diputado Jesús Ramos, de Agrupación Socialista Gomera (ASG), destacó lo innovadora de esta normativa, resaltando que su origen radica en la iniciativa de la ciudadanía y que facilitará la respuesta en caso de nuevas erupciones, superando las dificultades burocráticas que se enfrentaron durante la crisis volcánica en La Palma.

Ramos subrayó que la ley otorga derechos fundamentales a los afectados, abarcando elementos como la reconstrucción, el realojo, la recuperación de sectores productivos y la protección social necesaria, lo cual fortalece la cohesión social y la seguridad jurídica en la región.

Por su parte, Javier Nieto, representante de Vox, se refirió a la importancia de esta norma para abordar errores del pasado, mencionando que tras cuatro años aún persisten las dificultades para los habitantes de la isla. En su opinión, es esencial que no se repitan estas situaciones ante futuros desastres.

No obstante, Nieto criticó que los municipios no tengan un papel protagónico en la gestión de la normativa, considerando que son la administración más cercana a los ciudadanos. También expresó su preocupación de que la ley carezca de un plan financiero concreto, lo que podría hacer que se convierta en un simple ejercicio de buenas intenciones.

En un mensaje de prevención, Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias, advirtió que más erupciones son inevitables, y que es crucial tener una legislación que prepare a la comunidad ante futuros eventos volcánicos. Enfatizó que la ley aborda múltiples aspectos económicos, sociales, sanitarios y medioambientales, y que es importante que las aseguradoras informen adecuadamente a los propietarios sobre los riesgos que enfrentan en áreas volcánicas.

Raquel Díaz, del Partido Popular, elogió la disposición de los distintos grupos políticos para colaborar en la creación de esta ley que busca mejorar la gestión de emergencias, recordando las dificultades enfrentadas por los palmeros durante la erupción de 2021, la cual, a pesar de sus retos, se manejó sin pérdidas humanas, demostrando un modelo de gestión efectiva.

Jonathan Felipe, de Coalición Canaria, comentó que la nueva ley es un claro ejemplo de "política útil", surgida de la iniciativa popular y con un enfoque de empatía hacia aquellos que sufrieron el impacto de la erupción, incluyendo a ciudadanos de otras islas.

Felipe también hizo un llamado a no perder de vista que aún queda un largo camino por recorrer para ayudar a todos los afectados, criticando la lentitud administrativa que caracteriza la isla.

Alicia Vanostende, del PSOE, instó a transformar el dolor y la tristeza que acompaña la memoria de la erupción en un impulso para avanzar hacia el futuro, elogiando la colaboración entre partidos para redactar esta ley de manera integral, evitando enfoques divisamente.

Vanostende concluyó señalando que esta normativa no se limita a La Palma, sino que es un reconocimiento de que la población vive en una región propensa a la actividad volcánica, y que la ley refleja las lecciones aprendidas, tanto de los aciertos como de los errores del pasado.