El presidente del Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA), Eric Álvarez, ha expresado su descontento hacia la consejera de Sanidad del Gobierno canario, Esther Monzón, por sus recientes declaraciones que considera opuestas a las demandas de los médicos en relación al borrador del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad.

Durante una concentración llevada a cabo el pasado viernes en Las Palmas de Gran Canaria, donde se hicieron presentes miembros de SEMCA y de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Álvarez explicó que, a pesar de que el Estatuto Marco tiene alcance nacional, lo que se solicitó al Gobierno local era su apoyo en la reunión Interterritorial de Salud para que se reconsiderara la propuesta del ministerio.

El presidente del SEMCA destacó que Monzón había mantenido una postura de silencio, pero que recientemente sus aportes han ido en dirección contraria al respaldo que médicos de otras comunidades están recibiendo en sus reclamaciones. Este cambio, afirmó Álvarez, es preocupante y desincronizado con la tendencia de apoyo que se observa en otras regiones.

Esta manifestación es la segunda huelga nacional que han convocado, y según datos proporcionados, el seguimiento de la misma se encuentra entre el 70 y el 80% en toda España. En Canarias, estas protestas han tenido lugar en todas las islas, con una especial concentración en las capitales, donde los médicos se han manifestado frente a las sedes del Gobierno.

Álvarez advirtió que si la situación no cambia, podrían implementar paros periódicos e incluso una huelga indefinida, ya que consideran vital la retirada del anteproyecto de Estatuto Marco, el cual, según su opinión, no solo no mejora las condiciones laborales, sino que las empeora. Resaltó que el actual marco regulador, que lleva dos décadas sin actualizarse, está siendo revisado de manera unilateral por el Ministerio, sin tener en cuenta las voces del colectivo médico.

El dirigente sindical subrayó que los profesionales de la salud han demandado un estatuto específico que contemple su singularidad, ya que son los que más frecuentemente realizan guardias. Hizo hincapié en que se necesita una regulación que establezca el límite de horas de guardia, algo que en la actualidad está ausente, lo que puede llevar a situaciones insostenibles para la salud de los médicos y la atención al paciente.

También se refirió a la falta de regulación en el número de horas de guardia, un aspecto que afecta no solo la salud de los profesionales, sino también su capacidad para equilibrar su vida personal y laboral. Además, lamentó que sean el único colectivo que no disfruta de horas extraordinarias adecuadamente retribuidas, lo que se traduce en ingresos inferiores y en desventajas para su futura jubilación.

Respecto a la propuesta de reducir las guardias de 24 a 17 horas, el presidente del SEMCA reconoció que el Ministerio de Sanidad muestra cierta disposición, aunque la versión inicial del anteproyecto incluía la obligación de "devolver" las horas no trabajadas, lo que consideró como una forma de esclavitud laboral.

Álvarez también abordó la problemática de la incompatibilidad entre la atención pública y la privada, indicando que si bien ya existe una norma al respecto, el nuevo borrador busca una mayor restricción, lo cual provoca un debate entre los médicos. A su juicio, es crucial entender las razones por las que muchos colegas optan por trabajar en la sanidad privada, que acoge a profesionales insatisfechos con las condiciones en el ámbito público.

Asimismo, señaló que, aunque han denunciado previamente vulneraciones de sus derechos relacionados con los servicios mínimos, han notificado adecuadamente a las autoridades pertinentes sobre posibles acciones legales. Indicó que la administración está malinterpretando y aplicando mal estos servicios mínimos, lo que agrava la situación de los profesionales de la salud.

Finalmente, Álvarez apuntó que actualmente hay una carencia de aproximadamente un 30% de médicos en Canarias, con un déficit más marcado en especialidades críticas como medicina de familia o anestesia, lo cual se debe a que las condiciones laborales en la sanidad pública no son competitivas en comparación con el sector privado.