En Canarias, la Fiscalía abrió un total de 3.471 expedientes el año pasado para determinar la edad de menores migrantes que llegaron a nuestras costas. La mayoría de estos expedientes, un 69%, se tramitaron en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, mientras que el 31% restante correspondió a la Fiscalía de Las Palmas. Así lo señaló la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, al presentar la Memoria de la Fiscalía en el parlamento hoy viernes.

Uno de los focos principales de la Fiscalía durante el año 2023 fue la lucha contra la trata de seres humanos, especialmente en la isla de El Hierro, que experimentó un fuerte aumento en la llegada de migrantes. En el primer semestre de ese año, se abrieron 236 expedientes de determinación de edad, mientras que de septiembre a noviembre esta cifra se elevó a 1.284, cerrando en 2.410.

En octubre del año pasado, en El Hierro llegaron 88 pateras con 11.284 personas, incluyendo 381 mujeres y 1.478 menores. En toda la comunidad autónoma, a lo largo de 2023, arribaron 697 embarcaciones con un total de 40.190 personas, con 36 fallecidos, 143 detenidos y 95 en prisión. De ellos, 36.191 eran hombres, 2.232 mujeres, 3.196 menores cuya edad se determinó y 2.084 menores cuya edad no presentaba dudas.

La fiscal destacó que, para abordar esta situación, se estableció una unidad especializada de la Guardia Civil en el Hospital del Sur, junto con médicos forenses de la Península. Esta colaboración permitió realizar pruebas a 1.300 menores en un mes y medio, cuando inicialmente se habían previsto solo 20 pruebas semanales en el Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria en Tenerife. Esta ampliación fue vital para evitar un "caos", según la fiscal.

En cuanto al personal, se incorporaron cuatro fiscales de refuerzo en la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife y un fiscal en la Fiscalía Provincial de Las Palmas, como respuesta a la crisis migratoria. Sin embargo, la fiscal señaló que las instalaciones de la Fiscalía seguían siendo un punto crítico, especialmente en Santa Cruz de Tenerife, donde se requería una ampliación urgente para equiparar las instalaciones con las de Las Palmas.

En otro orden de cosas, la fiscal mencionó que se incoaron 149.285 procedimientos penales durante el año 2023, con un aumento del 15,59% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y una disminución del 7,3% en Las Palmas. Además, se observó un incremento en delitos como homicidios dolosos en Santa Cruz de Tenerife, mientras que los delitos contra la libertad sexual mostraron una tendencia al alza, sobre todo en esta provincia.

En materia de violencia doméstica, se registró un aumento en ambos territorios, con problemas como la falta de instalaciones adecuadas para las víctimas y la ausencia de unidades de valoración integral para especialidades en violencia sobre la mujer en Tenerife. Estas carencias contribuyen a dificultar la protección de las víctimas y la prevención de delitos de género.