En Santa Cruz de Tenerife, el Clúster Audiovisual de Canarias ha levantado la voz contra el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, exigiendo su inmediata paralización. Este grupo sostiene que la propuesta actual sofoca las actividades de la industria audiovisual, provocando un potencial "impacto desastroso" en un sector clave para la economía local y que se desarrolla en uno de los entornos más emblemáticos y estratégicos de la isla.

Los representantes del sector audiovisual han manifestado su preocupación ante lo que califican como el borrador más restrictivo en todo el territorio español. Señalan que este documento fue elaborado sin el adecuado consenso ni la inclusión de las partes interesadas, evidenciando una alarmante falta de transparencia y gobernanza que, además, carece de los informes técnicos o de impacto ambiental necesarios que justifiquen la prohibición de sus actividades en el Teide.

Es particularmente inquietante esta medida, cuando se considera que la industria audiovisual fue reconocida como un "sector estratégico" por diversas instituciones, incluyendo el Parlamento de Canarias en 2009 y el Gobierno de Canarias en 2024, lo que resalta la falta de coherencia en la nueva regulación que amenaza su desarrollo.

El Clúster argumenta que la producción audiovisual es una actividad sostenible. Aseguran que no contamina el entorno y que juega un papel vital en la diversificación económica de las islas, siendo responsable de un 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de Canarias. Esto justifica su postura de que cualquier restricción debe ser respaldada por una evidencia sólida dada su significativa contribución económica.

De acuerdo con datos de la Tenerife Film Commission, el Parque Nacional del Teide atrajo a más de 5,2 millones de turistas en 2024, lo que pone de manifiesto que, comparativamente, la actividad audiovisual es una porción minúscula de esta cifra. En 2023, en el año con mayor número de rodajes en la isla, solo 63 de 193 producciones se filmaron en el Teide, repercutiendo en un impacto estadísticamente irrelevante sobre el turismo.

Sin embargo, una modificación reciente exige que las producciones audiovisuales soliciten permisos con un mes de antelación, lo que ha llevado a una caída del 10% en la actividad del sector en el Parque Nacional. Actualmente, las empresas productoras están sujetas a un estricto control, lo que incluye la obligación de tener un seguro y presentar informes de impacto ambiental en caso de contar con equipos grandes.

A pesar de estas restricciones, el Clúster no ha obtenido informes que demuestren daños materiales en producciones anteriores. Un ejemplo citado es que un rodaje de dos días puede injectar hasta 100.000 euros a la economía local, contribuyendo de manera significativa al empleo y a la economía regional.

El Clúster Audiovisual ha expresado su descontento con el enfoque del nuevo PRUG, que, según ellos, "prohíbe en lugar de preservar." Critican que se haya diseñado sin tener en cuenta las necesidades del sector, argumentando que no existen pruebas que respalden tales prohibiciones.

A lo largo de los últimos tres años, han solicitado reuniones con el Gobierno y el Cabildo para crear un marco regulador que respete el medio ambiente y estimule la actividad audiovisual. Sin embargo, dichas solicitudes no han recibido la atención que merecen, dejando al sector en una situación precaria.

El vicepresidente del Clúster, Sebastián Álvarez, ha hecho hincapié en que la sostenibilidad debe ir de la mano con el crecimiento del sector, rechazando las políticas que podrían socavar la industria. Pidió un enfoque más balanceado en la regulación, que combine la preservación del entorno con el progreso económico.

Para contrarrestar la prohibición actual, el Clúster propone iniciativas que posicionen a Canarias como un modelo de rodajes sostenibles. Sugieren establecer tasas específicas para las producciones en el Parque Nacional al mismo tiempo que proponen dirigir esos ingresos hacia la protección ambiental y rectificar la normativa vigente hacia una que invite a la colaboración y al aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

La preocupación del sector va más allá de su propia supervivencia. Advierten que las prohibiciones absolutas sobre la actividad en áreas protegidas podrían dar lugar a conflictos sociales y fomentar prácticas clandestinas. En cambio, enfatizan que permitir estas actividades de manera regulada y sostenible debería ser una prioridad para el Gobierno y las instituciones canarias.