LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 de noviembre. En un giro inesperado en el caso 'Valka', el Juzgado de Instrucción Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido ampliar la investigación a raíz de la solicitud del fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas. Este miércoles, se ha hecho pública la imputación de Inmaculada Medina, concejala por el PSOE del Ayuntamiento de la capital, así como al jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines.

De acuerdo con el auto del juez, ambos han sido citados a declarar como investigados por presuntos delitos de malversación de fondos públicos que superan los 250.000 euros, y se encuentran en concurso con otros delitos como falsedad documental, prevaricación administrativa y fraude a la administración.

El juez también ha decidido investigar a la empresa Guerra Patrimonial FGG S.L., a la que se le atribuyen delitos de cohecho y malversación de caudales públicos, con un perjuicio que también se estima en más de 250.000 euros. Varios funcionarios del Ayuntamiento serán llamados a declarar como testigos en este proceso.

La investigación se centra en una presunta red de corrupción dentro del Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento entre 2015 y 2022. Se denuncia que se desviaron fondos públicos a través de "facturas falsas y sobrecostes" en el suministro de agua, que alcanzaban hasta el 70% del importe real, todo ello sin la adecuada verificación o control técnico.

El fiscal ha señalado que la manipulación de los pliegos técnicos creó una "estructura contractual artificial" que encubría el desvío sistemático de dinero hacia la empresa contratista, en complicidad con responsables técnicos y políticos del municipio.

Como consecuencia, el Ministerio Fiscal ha solicitado que se convoque a nuevos responsables municipales, entre ellos al director general de Servicios Públicos y a la concejala Gemma Martínez Soliño, para que testifiquen en el caso.

Además, se está considerando que el Ayuntamiento actúe como perjudicado en este contexto, buscando así reivindicar acciones civiles y penales, y se está evaluando la posibilidad de prohibir a Guerra Patrimonial FGG S.L. la participación en futuras contrataciones, conforme a la legislación vigente.

El auto judicial revela que el técnico del Área de Parques y Jardines pudo haber estado involucrado en la creación de un marco contractual manipulado, el cual facilitó que la empresa enviara facturas "infladas" eliminando controles técnicos estipulados por la ley.

Se sostiene que este técnico firmó y validó múltiples certificaciones mensuales sin verificar la lectura de los contadores ni la provisión efectiva del servicio, lo que permitió la aprobación de pagos de facturas con sobrecostes significativos, resultando en el desvío de recursos públicos.

Inmaculada Medina, la concejala responsable en el periodo bajo investigación, habría aprobado todos los gastos administrativos que formalizaron el "fraude contable", incluyendo el pago de facturas sin la debida comprobación técnica.

Su intervención como autoridad para el reconocimiento de obligaciones ha sido crucial para desviar fondos públicos, creando un "circuito de pagos irregulares" que favorecía a la empresa contratista.

Con la reiteración de esta práctica durante más de siete años y ante la falta de control técnico, las evidencias apuntan a que existía una complicidad premeditada entre los responsables técnicos y el contratista para perpetuar el sistema de corrupción.

Por otro lado, se ha atribuido a Guerra Patrimonial FGG S.L. la presentación de facturas fraudulentas que reflejaban consumos falsos, carentes de cualquier respaldo de las lecturas reales.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha indicado que la combinación de estas conductas constituye un sólido fundamento para investigar delitos de malversación, falsedad y fraude, además de cohecho en el caso de la empresa.

A partir de diciembre de 2022, cuando nuevos responsables municipales empezaron a exigir lecturas reales para validar facturas, los montos facturados por el contratista disminuyeron significativamente, lo que confirma la naturaleza ficticia de las facturaciones previas y refuerza el vínculo entre las actividades de los investigados y el perjuicio financiero al erario municipal.

El tribunal concluye que existen suficientes elementos verificables que justifican el avance del Ministerio Fiscal en este caso, otorgando así un impulso importante a la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas.