La Fiscalía Europea está intensificando las investigaciones en torno al caso Koldo, solicitando al juez de la Audiencia Nacional más documentación relacionada con los contratos suscritos por Baleares y Canarias con la empresa en el centro de la presunta trama en la que estuvo involucrado Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, exministro de Transportes.
En un decreto emitido el 9 de mayo, la Fiscalía Europea solicita específicamente informes de septiembre de 2022 referentes a contratos adjudicados a Baleares y al Servicio Canario de Salud, así como otros documentos entregados en 2023 a la Fiscalía Anticorrupción, un informe de la UCO sobre intervenciones telefónicas y posteriores informes de la Agencia Tributaria.
Los fiscales han ampliado su solicitud al juez Ismael Moreno, a raíz de los hallazgos en los atestados de la UCO que incluyen la detención de 14 personas y 26 registros relacionados con la investigación en curso en el Juzgado Central de Instrucción Número 2.
La investigación de la Fiscalía Europea sobre presunto fraude en subvenciones se inició en marzo, tras recibir documentación del Ministerio Público español.
Este caso implica presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias, según la Fiscalía Europea, con base en la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea.
La Fiscalía Anticorrupción española envió información relevante a la Fiscalía Europea en junio de 2023, concerniente a contratos con comunidades autónomas presididas por Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.
Se mencionan específicamente cuatro contratos firmados por Canarias y uno por Baleares con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL en 2020, por un total de 16.019.079 euros, según la querella del Ministerio Público español.
Los contratos con Canarias incluyen suministro de mascarillas KN95 y FFP2, transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas, por un valor total de 12,295,079 euros. En cuanto a Baleares, el contrato con el Servicio de Salud de las Islas Baleares fue por valor de 3,7 millones de euros para suministro de mascarillas FFP2 en mayo de 2020.
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