La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha declarado que el sistema de derivación de menores migrantes no es sostenible y ha exigido una mayor corresponsabilidad por parte del Gobierno central y las comunidades autónomas. Según la consejera, no es justo que Canarias tenga actualmente unos 2.700 menores bajo tutela.

En una mesa debate sobre migración y asilo, la consejera ha afirmado que si España no toma medidas, Canarias se dirigirá a Europa en busca de soluciones. Ha insistido en la necesidad de que España legisle para que se haga obligatoria la derivación de menores y ha destacado la importancia de la colaboración entre técnicos, entidades del tercer sector y migrantes para abordar adecuadamente esta situación.

La consejera ha mencionado que se han abierto nueve centros nuevos para atender a más menores migrantes y se han llevado a cabo programas de integración en clubes de lucha y equipos de fútbol. También se están estudiando programas de formación en colaboración con empresarios locales para preparar a estos jóvenes para un futuro laboral.

La consejera ha enfatizado su compromiso de no permitir que ningún joven deje un centro sin sus papeles en regla y ha expresado su preocupación por la demora en las pruebas de reconocimiento de edad, ya que esto puede causar perjuicios a los menores cuando deben abandonar los centros.

El objetivo del Gobierno canario es convertir a Canarias en una región acogedora y brindar oportunidades y espacios de convivencia intercultural para los migrantes. La consejera ha destacado la importancia de evitar una categorización de migrantes de primera y segunda clase, en referencia al diferente trato que se da a refugiados africanos y ucranianos.

El director del Observatorio de Inmigración de Tenerife ha afirmado que el fenómeno migratorio en Canarias es complejo y que las cifras pueden generar temor en la población local. Ha llamado a comprender el fenómeno de la migración y ha subrayado la necesidad de adoptar un enfoque comunitario que promueva la acogida e integración de los migrantes.

En este sentido, se ha defendido el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural, que se centra en el cumplimiento de los derechos de los migrantes y su relación con la sociedad canaria.

Un cofundador de la Red Canaria de Acogida ha destacado la importancia de conectar las islas con el continente europeo y ha reconocido que la situación de los migrantes ha mejorado en comparación con el hacinamiento en el muelle de Arguineguín.

Ha apoyado la exigencia de corresponsabilidad en la gestión migratoria y ha criticado el papel de los medios de comunicación en el aumento del miedo y la xenofobia. También ha denunciado el racismo institucional como una barrera para el progreso de los extranjeros.

En el debate también ha participado una abogada de origen saharaui, quien ha destacado la importancia de poner a los migrantes en el centro del fenómeno migratorio y garantizar sus derechos. Ha lamentado la diferencia en el trato a los refugiados ucranianos y los migrantes africanos, y ha expresado su descontento con las limitaciones y obstáculos que enfrenta en su trabajo.

Ha destacado la deshumanización con la que se trata a los migrantes y ha señalado la necesidad de un enfoque más amplio en las normas internacionales para abordar el fenómeno migratorio.