El Tribunal Supremo ha lanzado un nuevo ultimátum al Gobierno, exigiendo la inmediata implementación de medidas para atender a más de mil menores migrantes no acompañados que residen en Canarias y han manifestado su intención de solicitar asilo. Esta advertencia subraya el aparente desprecio del Ejecutivo hacia su anterior resolución, lo que ha llevado a los magistrados a amenazar con tomar acciones coercitivas si se ignoran nuevamente sus directrices.

La decisión se produjo tras la reciente audiencia del 29 de mayo, donde se evidenció un "claro incumplimiento" respecto a la orden cautelar del 25 de marzo. En ese periodo, no se ha evaluado a ningún menor que requiera atención ni se ha generado un registro completo de ellos, lo que provoca una preocupante falta de respuesta ante una situación que afecta a niños en su máxima vulnerabilidad.

Los jueces del Supremo han destacado que la gestión actual por parte del Estado es insuficiente y descuida los derechos que la legislación de protección internacional otorga a los solicitantes de asilo. Esto es particularmente grave en el caso de estos menores, quienes se encuentran en un estado crítico de necesidad.

A lo largo de su pronunciamiento, los magistrados han enfatizado la reiterada inacción del Gobierno, resaltando que ya se han ignorado dos requerimientos específicos que exigían la adecuación de la atención a estos menores. La falta de compromiso por parte de la Administración para asegurar un ambiente de acogida adecuado y la lentitud en la tramitación de solicitudes ha generado un escenario insostenible.

En su auto, el Tribunal detalla los derechos específicos que el Estado tiene la obligación de garantizar para estos menores. Estos derechos no se limitan a las necesidades materiales y asistenciales que actualmente son atendidas en Canarias, sino que abarcan un conjunto más amplio que ha sido desatendido de manera alarmante en el contexto actual, a pesar de la clara necesidad que manifiestan estos jóvenes migrantes.