El Tribunal Supremo confirma la caducidad del proyecto del Circuito del Motor en Tenerife

El Tribunal Supremo ha confirmado la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Circuito del Motor en Tenerife, invalidando uno de los cuatro proyectos que lo componen. La resolución, dictada el 30 de septiembre, inadmite el recurso del Cabildo de Tenerife y atribuye costas a la corporación insular. Este fallo refuerza la legalidad de las decisiones previas que consideraron el proyecto ilegal y sin cobertura ambiental.

El contexto político en Tenerife ha estado marcado por tensiones entre las administraciones locales y las instituciones judiciales. La oposición y organizaciones ambientales han denunciado desde hace años los procedimientos irregulares del proyecto, especialmente tras las advertencias de que la DIA había caducado en 2022 y en fases posteriores. La gestión del proyecto ha generado controversia por su impacto en el territorio y el uso de fondos públicos.

El fallo judicial implica que el proyecto de explanaciones y graderíos desmontables carece de validez legal y que las obras realizadas en la zona son ilegales. A pesar de ello, las obras continuaron, en una estrategia que las organizaciones consideran deliberada para evitar el cumplimiento de la ley. La decisión afecta también a otros tres procedimientos aún en marcha relacionados con el Circuito del Motor.

Desde una perspectiva política, la decisión del Supremo evidencia una problemática mayor en la gestión de proyectos públicos en Tenerife, marcada por conflictos entre intereses económicos y la protección del medio ambiente. La administración insular, liderada por diferentes partidos en los últimos años, ha sido criticada por priorizar intereses económicos en detrimento del cumplimiento legal y la protección del territorio.

El futuro del Circuito del Motor en Tenerife queda condicionado a una posible paralización definitiva de las obras y a la recuperación ambiental del espacio. La organización ambiental ATAN exige la restauración del terreno y la depuración de responsabilidades, tanto legales como políticas. La situación refleja las dificultades de garantizar la legalidad en proyectos de gran escala en contextos políticos complejos.

En un escenario más amplio, esta resolución puede marcar un precedente en la protección de espacios naturales en Canarias y en la fiscalización de proyectos de gran impacto. La resolución del Supremo refuerza la necesidad de una gestión transparente y respetuosa con las normativas ambientales, especialmente en un archipiélago con una biodiversidad única y recursos limitados.