La Fiscalía denuncia a alcaldes de Tenerife por vertidos ilegales en Güímar

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para la alcaldesa y exalcaldes de Candelaria, Arafo y Güímar, acusados por vertidos en el Polígono Industrial de Güímar. La denuncia detalla la omisión en la gestión de infraestructuras y el incumplimiento de obligaciones ambientales, que condujeron a un vertido sin tratar al mar.

El Polígono de Güímar, de 1,8 millones de metros cuadrados, alberga unas 220 empresas, muchas de ellas generadoras de residuos especiales, como industrias lácteas y cerveceras. La falta de mantenimiento y control por parte de los responsables municipales ha provocado un estado de abandono en las instalaciones, con riesgo potencial para el medio ambiente y la salud pública.

Este hecho refleja un problema estructural en la gestión de residuos industriales en la zona y evidencia la falta de supervisión y recursos asignados por los ayuntamientos implicados. La no tramitación de la autorización de vertido y la ausencia de una depuración adecuada agravan la ilegalidad del vertido, que se realiza sin ningún tratamiento previo.

Desde una perspectiva política, la denuncia revela posibles fallos en la coordinación entre administraciones y en la fiscalización de las actividades industriales en áreas sensibles. La situación pone en entredicho la gestión ambiental de los municipios y la responsabilidad en la protección del entorno natural, especialmente en áreas cercanas a espacios protegidos.

El proceso judicial, que comenzará en febrero de 2027, pone sobre la mesa la necesidad de reforzar la regulación y la inspección de vertidos en polígonos industriales. La futura resolución del caso podría marcar un precedente para la mayor responsabilidad en la gestión ambiental municipal en Canarias.