La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha lanzado una advertencia contundente a los socios del PSOE, señalando que se están equivocando si piensan que no les pasará factura su apoyo a un Gobierno que se encuentra "acorralado por la corrupción".

Gamarra ha calificado de "inadmisible" que una persona que está a un paso de convertirse en investigado se mantenga en el cargo de fiscal general del Estado, una situación que, a su juicio, no puede seguir prolongándose.

En una reciente comunicación, Gamarra ha informado que el Grupo Popular tiene la intención de solicitar nuevamente la comparecencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo'. La dirigente popular sostiene que su comparecencia es necesaria, ya que él debería estar allí actuando como "exministro del Gobierno de España".

Gamarra expresó que es imperativo que Torres ofrezca explicaciones claras, especialmente dado que varias informaciones que en su momento fueron desmentidas ahora han sido confirmadas, insistiendo en que es fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas que este exministro se presente ante la comisión de investigación.

En su intervención, Gamarra ha puesto en duda la posibilidad de que Torres se presente en esa condición, preguntándose retóricamente quién podría pedir su dimisión, insinuando que figuras como Pedro Sánchez o el portavoz del PSOE, señor Cerdán, no estarían dispuestos a hacerlo.

La secretaria general del PP ha hecho eco de informaciones aportadas por el diario 'El Mundo', que recorren conversaciones a través de mensajería instantánea entre Torres y Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. Estas conversaciones se produjeron en el contexto de un pago por mascarillas valoradas en doce millones de euros, además de revelaciones relacionadas con la entrega de documentos reservados del Gobierno de Torres en Canarias.

Gamarra ha enfatizado que la corrupción no solo afecta a los mencionados, sino que se extiende a "dos gobiernos autonómicos" encabezados por el PSOE en las comunidades de Canarias y Baleares, involucrando también a varios ministerios y personas del entorno más cercano del actual presidente del Gobierno.

De esta manera, Gamarra se ha mostrado abierta a la posibilidad de que se convoquen más comparecencias ante la comisión del Senado. Ha dejado claro que el Partido Popular permanece firme en su compromiso de buscar toda la información posible y garantizar que todos los implicados rindan cuentas por sus acciones.

El próximo año, el presidente del Gobierno también deberá presentarse ante la citada comisión, aunque Gamarra no ha especificado la fecha exacta. Sin embargo, ha reafirmado que "no hay ninguna duda de que veremos a Pedro Sánchez desfilar por allí en 2025", argumentando que su situación se vuelve cada día más crítica a medida que se amplía el número de ministros y dirigentes socialistas implicados en este escándalo de corrupción.

Cuando se le pregunta si el PP contempla la posibilidad de que el actual presidente del Gobierno acabe ante un tribunal, Gamarra fue clara, afirmando que "el caso Koldo ha evolucionado hasta convertirse, sin lugar a dudas, en el caso PSOE y el caso Sánchez".

Gamarra manifestó que las revelaciones actuales sobre corrupción están resultando sorprendentes y anticipó que el futuro de Pedro Sánchez y su carrera política dependerá de cómo se desenvuelvan las causas judiciales en su contra, subrayando que "la justicia no tiene piedad con quienes infringen la ley".

Ante la pregunta acerca de si los socios del PSOE podrían decidir en algún momento desacoplarse de Sánchez debido a la creciente presión pública, Gamarra consideró que, si bien lo apoyan por su interés en mantener la "inestabilidad y debilidad" del presidente, un respaldo prolongado podría traducirse en complicidad con la corrupción que está siendo denunciada.

Por último, Gamarra dejó claro que el PP continuará evidenciando no solo a los responsables directos, sino también a aquellos que prefieren ignorar la corrupción, permitiendo que quienes están bajo investigación continúen gobernando. Hizo hincapié en que la permanencia de un fiscal general investigado es inadmisible, lo que puede socavar la independencia y neutralidad que debe caracterizar a la Fiscalía General del Estado.

Criticó la permanencia de Álvaro García Ortiz en su cargo a la luz de las investigaciones en curso, sosteniendo que su situación pone en tela de juicio la integridad del sistema judicial español, además de insinuar que esta impunidad refleja el preocupante deterioro de la calidad democrática bajo el liderazgo de Pedro Sánchez.