LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 de enero.

En un gesto claro de oposición, el Partido Popular (PP) ha informado este jueves que procederá a presentar alegaciones frente a la nueva ordenanza que regula la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos. Con esta acción, buscan frenar lo que consideran un "atraco" orquestado por la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, junto con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, contra los ciudadanos de la capital grancanaria.

La nueva ordenanza, aprobada por la junta de gobierno, impone a cada propietario de inmueble un pago anual de 149,33 euros. Esta medida es resultado de la adaptación de las ordenanzas fiscales locales a la Ley 7/2022, de 8 de abril, sobre residuos y suelos contaminados en pro de una economía circular. El Partido Popular ha señalado que este asunto deberá ser sometido a aprobación en el pleno del ayuntamiento, según ha indicado en una nota de prensa.

El PP argumenta que la ley recién mencionada obliga a los ayuntamientos y a las entidades privadas a establecer una tasa específica y no deficitaria que cubra el coste generado por la gestión de los residuos sólidos urbanos. Este aspecto no ha pasado desapercibido para la portavoz municipal del PP, Jimena Delgado, quien califica de "disparate" no solo la implementación de esta carga económica injusta, sino también el hecho de que Las Palmas de Gran Canaria se convierte en la quinta ciudad de España con la tarifa más elevada por este nuevo impuesto.

La tasa se divide en una tasa básica de 108,45 euros, a la que se le suman dos cuotas: una por la recogida de residuos y otra por el tratamiento. Delgado ha proporcionado ejemplos concretos sobre cómo afectará a diferentes tipos de propiedades. Por ejemplo, las viviendas deshabitadas solo se verán obligadas a abonar la cuota básica, mientras que las viviendas vacacionales enfrentarán desde 131,69 hasta 403,08 euros, dependiendo de su capacidad.

Los establecimientos comerciales tampoco se ven exentos de esta carga. Dependiendo de su ubicación, los bares y cafeterías tendrán que pagar entre 148 y 455,83 euros; los restaurantes enfrentarán tarifas que oscilan entre 261 y 1.714,20 euros; los despachos profesionales deberán abonar 116,13 euros, y los supermercados tendrán que desembolsar entre 608 y 939 euros.

De acuerdo con los análisis realizados, Las Palmas de Gran Canaria se posicionará con la quinta tarifa más elevada de todo el país, solo superada por ciudades como San Sebastián, Gerona, Barcelona y Granada, tal como señala la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Por ello, Delgado ha expresado su desconcierto respecto a la falta de aplicación de métodos utilizados en ciudades como Alicante, donde se considera el valor catastral de las viviendas para determinar los impuestos.

La portavoz del PP ha denunciado que el PSOE ha consumado esta especie de "basurazo", un término que utilizan para describir la carga fiscal impuesta, añadiendo que este nuevo tributo se suma al controvertido "tarifazo" del agua, aprobado hace solo tres meses. En combinación, afirma que los vecinos se verán obligados a pagar aproximadamente 200 euros adicionales en impuestos cada año.

Para el PP, la implementación de esta tasa representa una clara invasión de la autonomía local, ya que limita la capacidad de los ayuntamientos para decidir su propio modelo de financiación de los servicios de gestión de residuos. En su opinión, existen numerosas alternativas a esta medida, que no están siendo consideradas, tales como incentivos fiscales para la donación de productos, especialmente alimentos, y regímenes de responsabilidad ampliada del productor que podrían mejorar la eficiencia en la gestión de diferentes tipos de residuos.

En conclusión, el PP aboga por una contratación pública más sostenible que promueva la gestión adecuada de residuos y la utilización de productos reciclados, así como la eliminación progresiva de subvenciones que no se alinean con la jerarquía de residuos. También sugieren la adopción de medidas fiscales que incentiven el uso de materiales preparados para su reutilización y reciclaje, dando así voz a medidas que consideran veintipico más convenientes y eficaces.