SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 de mayo. En una sesión reciente, el Parlamento de Canarias ratificó un nuevo decreto que busca simplificar el proceso de obtención de licencias urbanísticas, aunque recibió críticas y oposición por parte de los partidos PSOE y NC-BC. Sin embargo, todos los grupos representados coincidieron en la necesidad de tramitarlo de manera urgente como un proyecto de ley.

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, presentó el decreto como una herramienta clave para fomentar la construcción de viviendas, señalando que el tiempo de espera para la aprobación de licencias se ha vuelto inaceptable en muchas localidades de las islas.

Miranda explicó que el principal obstáculo para la celeridad en la concesión de licencias es la falta de personal y recursos en las oficinas técnicas de los ayuntamientos, lo que ha llevado a implementar cambios significativos que buscan resolver esta problemática.

Una de las novedades que incorpora esta propuesta es la inclusión de mecanismos que favorecen la colaboración entre el sector público y el privado, permitiendo que todos los municipios que así lo decidan puedan acelerar la gestión de las licencias.

Como parte de este proceso, se contempla la incorporación de informes técnicos elaborados por entidades profesionales o urbanísticas acreditadas, que ayudarán a dinamizar aún más la tramitación de solicitudes.

Este esfuerzo no solo busca reducir los tiempos de espera, sino también liberar a las oficinas técnicas de cargas innecesarias, permitiendo que sus recursos se enfoquen en otras gestiones prioritarias.

Miranda destacó la importancia de garantizar la seguridad jurídica de los procedimientos, asegurando que esta iniciativa no conlleva la privatización de las funciones de las oficinas técnicas municipales.

El consejero opinó que la medida es voluntaria y establece plazos de referencia claros tanto para la administración como para aquellos que deseen promover nuevos proyectos de vivienda.

El portavoz de la Agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta, subrayó la urgencia de abordar el problema de la vivienda en Canarias, subrayando que existen múltiples factores como la escasez de terrenos y la complejidad de los trámites burocráticos que dificultan la construcción.

Acosta describió la situación actual como un "cóctel perfecto" de inconvenientes, creando un escenario en el que muchos ciudadanos se ven imposibilitados de acceder a una casa o deben destinar gran parte de sus ingresos a este fin.

Melodie Mendoza, del Agrupación Socialista Gomera, reforzó el mensaje al calificar la crisis de la vivienda como uno de los problemas más serios en la región, insistiendo en que se deben implementar medidas para revertir esta situación.

La diputada Paula Jover, de Vox, respaldó el decreto aunque pidió acciones más rápidas y contundentes, haciendo énfasis en la parálisis que enfrenta la construcción de nuevas viviendas, un tema que afecta especialmente a los jóvenes.

En contraste, Carmen Hernández, de NC-BC, criticó al Gobierno por lo que considera una explotación del problema de la vivienda para favorecer intereses comerciales, afirmando que ven a las islas como un mero "tablero de Monopoly" en lugar de un verdadero hogar.

Hernández también abordó las inquietudes planteadas por la Federación Canaria de Municipios, que cuestiona la legalidad de asignar funciones a empleados públicos de forma que menoscaba su objetividad e imparcialidad en las decisiones administrativas.

Por su parte, Luz Reverón, vocera del Grupo Popular, reconoció que la crisis habitacional en Canarias no es un fenómeno nuevo, sugiriendo que todos los partidos deben asumir su responsabilidad al respecto.

Reverón aclaró que la implementación del decreto es opcional y que, si bien algunos municipios pueden tardar hasta cinco años en emitir licencias, otros logran hacerlo en solo cuatro meses.

Finalmente, Socorro Beato, de CC, comentó que el nuevo decreto complementa otros esfuerzos legislativos en torno a la vivienda asequible, destacando que responde a un clamor social por soluciones efectivas para las clases medias, que son las más afectadas.

Por su lado, Patricia Hernández del PSOE, expresó su descontento afirmando que culpar a los empleados públicos de los retrasos es injusto y que este decreto no aborda las verdaderas necesidades de una política pública de vivienda coherente.

En conclusión, Hernández argumentó que este decreto es simplemente un "parche" que no resolverá los problemas estructurales existentes, instando a la creación de políticas más sólidas y con una visión a largo plazo que realmente atiendan las carencias habitacionales en la región.