La comisión encargada de la Audiencia de Cuentas en el Parlamento de Canarias se encuentra en la agenda de discusión del informe correspondiente a los contratos firmados durante la crisis sanitaria, un tema candente que incluye entre sus puntos centrales a las empresas RR7 y Soluciones de Gestión.

Este lunes, a partir de las 10.00 horas, se reanuda la comisión de investigación donde se examinarán los contratos suscritos durante la pandemia. Sin embargo, la ausencia del empresario Víctor de Aldama, relacionado con el llamado 'caso Koldo', ha marcado la jornada. De Aldama, quien tenía la obligación de comparecer ante la Cámara regional, no fue adecuadamente citado, oponiéndose a su presencia debido a su situación en prisión en el momento de recibir la notificación en su domicilio.

Los miembros de la comisión están considerando la posibilidad de establecer una nueva fecha para la comparecencia de De Aldama, dado que ha expresado su disposición para participar en el proceso de investigación, según lo indicado por un portavoz en recientes declaraciones.

Este lunes, la atención se centrará en Natalia de Luis, la exinterventora general de la comunidad autónoma. Ella responderá a las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios sobre los mecanismos de control que se aplicaron en la contratación pública durante el periodo de emergencias que generó la pandemia.

Además, durante la reunión de la comisión de la Audiencia de Cuentas, los parlamentarios debatirán un informe sobre la fiscalización de los contratos firmados en emergencia sanitaria, un documento que ya fue rechazado durante la Legislatura anterior, pero cuyo contenido ha sido recientemente aprobado por el Pleno del Parlamento, a pesar del voto en contra de dos consejeros propuestos por el PSOE. Estos consejeros han presentado una votación particular, argumentando en función de las dificultades sociales y económicas que produjo la pandemia y la escasez de suministros de material sanitario.

Según los datos proporcionados por la Audiencia, se han certificado contratos de material sanitario que superan los 81,9 millones de euros, destacando que más del 61% de estos contratos se aglutina en solo cuatro empresas: ACJ con 17,9 millones, Damco con 14 millones, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas con 9,7 millones, e Injoo Technology con 8,9 millones.

Asimismo, la lista de contratos incluye a RR7 United, la firma que se asocia con el 'caso mascarillas', tras la polémica por el pago de cuatro millones de euros en dos pagos separados por un millón de mascarillas que resultaron ser falsas y, por tanto, destruidas.

La Audiencia también ha puesto de manifiesto que en once expedientes analizados -donde el presupuesto de adjudicación supera los dos millones de euros, contabilizando un total de 41,8 millones- no se solicitó la autorización correspondiente al Consejo de Gobierno, tal y como exige el artículo 25 de la Ley de Presupuestos para la Comunidad Autónoma. Igualmente, en 35 de los 106 contratos revisados, no hay constancia de la justificación del gasto ni de la justificación de la tramitación de emergencia.

Entre las críticas que lanza la institución, se incluye la falta de promoción de la concurrencia en las adjudicaciones, el hecho de que seis de las empresas contratadas carecieran de la capacidad necesaria para operar con el Sistema Canario de Salud (SCS), así como la paralización de 6,5 millones de unidades de material que resultaron ser inservibles, valoradas en aproximadamente 2,1 millones de euros.

Finalmente, el informe censura al Gobierno canario por no haber verificado la capacidad de los adjudicatarios ni exigido la solvencia económica, financiera y técnica que los contratos demandan, argumentando que la normativa vigente no exime a la administración del cumplimiento de tales requisitos, incluso en situaciones de emergencia.

Con miras a posibles futuros escenarios excepcionales, la Audiencia recomienda a la administración canaria establecer un mecanismo alternativo y ágil, que permita cumplir con los trámites de autorización necesarios en la contratación de emergencias para obras, suministros o servicios que superen los dos millones de euros.